Este jueves, la socialista Teresa Ribera se ha mostrado dispuesta a negociar la creación de una empresa pública de energía en España. En una entrevista a la Cadena SER, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto la puerta a que sea una compañía pública la que se encargue de la gestión de los saltos que caduquen y, de esa forma, “disponer de toda la energía eléctrica a través de un sistema concesional distinto a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía”.

Una propuesta que desde Unidas Podemos llevan pidiendo desde hace años —actualmente, el partido ya trabaja en una ley para hacerlo realidad—. De hecho, recuperar de forma automática saltos y centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan a caducar era uno de los puntos principales del programa electoral de la formación morada. De esta forma, parte de la producción eléctrica pasaría a estar en manos de una empresa pública y dejarían de interferir los intereses económicos de las grandes compañías que conforman el poderoso oligopolio eléctrico español, como Naturgy, Iberdrola o Endesa.

Para evidenciar la necesidad de la gestión pública de la energía, Iberdrola vaciaba esta semana embalses de Zamora y Cáceres para incrementar su beneficio económico. Una maniobra con la que la compañía consigue producir energía a menor coste y maximizar la rentabilidad del negocio. La acción de la empresa ha llevado a casi una veintena de municipios a denunciar a Iberdrola ante la Comisión Europea por haber dejado algunos pantanos en mínimos históricos, anteponiendo el interés económico a la necesidad de un bien esencial como es el agua.

Por todo esto, las declaraciones de la ministra han sido celebradas por sus socios de Gobierno. Desde la formación morada, Ione Belarra ha calificado como “una buena noticia” el cambio en la postura socialista, aunque ha subrayado la importancia de actuar cuanto antes: “Debemos afrontar con urgencia y valentía la situación”. Cabe destacar que, pese a las reticencias del PSOE, países como Alemania, Italia o Francia ya cuentan con compañías eléctricas con participación pública. Una propiedad estatal parcial del sector eléctrico con el que se asegura que la energía llegue a todos los hogares, combatiendo así la pobreza energética y las desigualdades en el acceso a la electricidad.

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