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Así lo indicó Collboni en rueda de prensa desde el Ayuntamiento de Barcelona, donde informó que su consistorio, junto con la citada entidad social sin ánimo de lucro que lleva “años” trabajando por el derecho a la vivienda, comprarán la Casa Orsola por un valor 9,2 millones de euros, un 30% “por debajo del valor del mercado que hay en este momento en el Eixample”.
Ante el posible desahucio de Casa Orsola, explicó, el Ayuntamiento vio con “buenos ojos” el ofrecimiento “de mediación” con la propiedad que hizo el síndic de Greuges de Barcelona y, en este proceso es cuando surgió la oportunidad de hacer esta “compra social colaborativa” con Hàbitat3, fundación que se ofreció “formalmente” a comprar la finca con el consistorio.
Collboni manifestó que se trasladó en el marco de la mediación esta propuesta a la propiedad y esta “ha aceptado” esta misma mañana. Con esta operación, la Fundación Hàbitat3 asumirá “la parte mayoritaria de la finca, el 51,4%” y el “48,6% lo asumirá el Ayuntamiento”. La entidad social aporta a la compra “4,3 millones” y el consistorio “4,8 millones”.
Por tanto, en el corto plazo, “ya podremos disponer de 9 pisos que pondremos a disposición de la bolsa de alquiler asequible de la ciudad”. La primera consecuencia de esta compra, incidió, es que “se paran los procesos de desahucios” de los inquilinos y “convertiremos todo el edificio de la Casa Orsola en pisos de alquiler asequible”.
Se trata, manifestó Collboni, de una operación “innovadora, extraordinaria” y “pionera” que se llevó a cabo gracias a una “nueva fórmula”, que consiste en la compra “social colaborativa”: la Administración compra con una entidad del tercer sector una finca que será gestionada para vivienda social por esta propia entidad.
Esta decisión, destacó, no solo supone “resolver un problema”, el de la Casa Orsola, sino que demuestra que “hay otras fórmulas de gestión de la propiedad”, que existe “la necesidad de cambiar las reglas del juego” y que se tienen que “combatir de todas las maneras que tengamos a nuestro alcance la escalada de precios de la vivienda” en Barcelona.
El alcalde de Barcelona puso en valor que con esta decisión la situación de la Casa Orsola “se ha resuelto”, pero apuntó de que no se trata de una solución “estructural, ni puede ser replicable miméticamente” en todos los casos similares que pueda haber en la ciudad condal, ya que “cada caso es cada caso y como tal se tiene que ir abordando”.
Con esta compra, dijo Collboni, se manda un mensaje “muy claro”, que es que Barcelona “defenderá el derecho a la vivienda y lo hará no solo tomando decisiones” como la anunciada hoy, sino con el objetivo de “cambiar las reglas del juego del mercado de vivienda en las grandes ciudades”.
Destacó que la ciudad condal “ya está aplicando la regulación de los alquileres” y está determinada en “no renovar ninguna licencia de uso turístico de vivienda en el año 2028, por tanto, eliminar los 10.000 pisos de uso turísticos” que hay en Barcelona para que pasen a ser de “uso residencial”.
Barcelona, continuó, también está centrada en “evitar en estos momentos el punto de fuga que tenemos, muchas veces por fraude de ley, con los pisos de alquiler de temporada”. “Lo que se tiene que hacer es construir más pisos, aumentar la oferta del parque de vivienda público y también del parque de vivienda privado”, agregó.
Collboni estuvo acompañado durante la rueda de prensa que duró más de una hora por la presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla; el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia; el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, Joan Ramon Riera, y la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet.
Trilla subrayó Hàbitat3 no podía plantearse una “compra directa” porque el coste “supera la capacidad financiera” de esta fundación, de aquí la idea de hacerlo “de forma compartida” con el Ayuntamiento de Barcelona. “Si queremos que los alquileres sean sociales y asequibles necesitamos este apoyo del sector público”, agregó.
Por su parte, Bondia destacó que la sindicatura de Greuges de Barcelona el pasado 30 de enero se ofreció a intervenir como “mediadores” en esta situación al Ayuntamiento, a la propiedad y a los vecinos. Su papel, dijo, “era ver que era un problema de ciudad y buscar soluciones consensuadas que aceptaran todas las partes”.
(SERVIMEDIA)
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