La Inspección de Trabajo contra los que defraudan con los ERTEs, las sanciones ya superan los 28,5 millones de euros

La Inspección de Trabajo ha impuesto sanciones por un valor superior a los 28,5 millones de euros a un total de 3.821 empresas por la detección de fraudes en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Así se refleja en una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita formulada por el senador socialista Miguel Ángel Heredia en la que el Ejecutivo indica que estos datos están actualizados a 19 de noviembre.

El pasado 16 de noviembre, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el Plan Estratégico para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, indicó que la Inspección había finalizado 35.190 informes sobre ERTE que habían resultado en 5.832 sanciones, de un total de 44.393 expedientes incoados.

Entonces, Díaz destacó que desde enero hasta mayo se había multiplicado “por un 355%” la actividad de la Inspección, señalando que era un “récord de toda su serie histórica” y que se habían aumentado los sectores y colectivos a los que llega la actuación de la Inspección, como las campañas en la agricultura o las campañas en el trabajo del hogar.

En los datos facilitados por el Gobierno en su respuesta al senador Heredia, una de las razones por las que el número de infracciones puede ser mayor que el número de empresas sancionadas es porque una misma empresa pueda recibir sanciones en distintas provincias o comunidades autónomas. Esto también explica que los subtotales autonómicos y el total nacional no coincidida con la suma de los datos por provincias y autonomías en los datos facilitados, ya que una empresa con sanciones en distintas provincias o comunidades sólo computa una vez a nivel autonómico y nacional.
Por otro lado, gracias a la labor de la Inspección de Trabajo, a mediados de noviembre 50.191 empleos irregulares habían sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y 280.565 contratos temporales irregulares se habían transformado en indefinidos.