Unidas Podemos ha arrancado este martes al PSOE, en el seno del Gobierno de coalición, un acuerdo histórico para regular los precios del alquiler de vivienda a la baja y con índice de referencia. El pacto se ha producido durante una reunión previa al Consejo de Ministros de este martes, en la que por parte del PSOE han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y por parte de Unidas Podemos lo han hecho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que es quien por parte de la formación morada viene llevando el peso de las negociaciones en materia de vivienda. Durante el encuentro, el PSOE ha aceptado lo que llevaba semanas rechazando a pesar de haberse comprometido a ello por escrito: la regulación de los precios del alquiler.

El histórico acuerdo, que por fin permitirá aprobar la Ley de Vivienda, era también uno de los dos grandes escollos que bloqueaban la negociación del borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que igualmente será aprobado, pues Unidas Podemos también ha logrado arrancar este martes al PSOE el otro gran escollo: la subida del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas hasta un tipo del 15% efectivo, una medida que venían reclamando la OCDE, el G20 e incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero que el PSOE hasta este martes ha venido negándose a tomar.

Según han informado a LUH fuentes de Unidas Podemos, el acuerdo en vivienda incluye en lo relativo a los grandes propietarios –propietarios de diez o más viviendas– “regulación de precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado” y “retirada de privilegios fiscales”, y en lo relativo a los pequeños propietarios –propietarios de menos diez viviendas– “congelación de precios e incentivos fiscales para bajar el precio”. Además, incluye una “apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida” y “la mitad de ese 30%, para alquiler social”, así como un “impuesto a la vivienda vacía, a través de un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles de hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos”.

La Ley de Vivienda que contendrá el acuerdo alcanzado este martes tendrá que ser aplicada, en su caso, por las comunidades autónomas –el Estado central no podría ir más allá sin invadir las competencias autonómicas–, y cabe sospechar que algunas serán más reticentes que otras a hacerlo. Por ejemplo, cuesta pensar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esté por la labor de aplicarla, pero en ese caso tendría que explicar a los inquilinos de Madrid por qué deben seguir pagando precios del alquiler abusivos que sin embargo sí bajan en Barcelona o en Valencia.

Fuente:laultimahora.es