El PSOE dividido en dos en Ley de vivienda y presionado por los fondos buitres

Retraso sobre retraso sobre retraso y matiz sobre matiz sobre matiz. ¿Casual? El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Javier Gil, está convencido de que no. “El PSOE tiene una estrategia para intentar que la ley de vivienda se retrase todo lo posible y sea lo menos garantista posible”, denuncia este miércoles, consultado por LUH.

"Incluso antes de llegar al Gobierno, el PSOE anunció que llevaría a cabo una ley de vivienda estatal; un hito histórico, porque hay varias leyes de vivienda autonómicas pero no hay una ley estatal”, destaca Gil. Sin embargo, y a pesar de que tanto su socio de gobierno, Unidas Podemos, como sus principales socios de investidura y de presupuestos vienen insistiendo en la necesidad de esa ley estatal, el PSOE lleva retrasándola “desde el principio”. “El PSOE llegó al Gobierno anunciando esa ley y desde entonces genera hitos políticos diciendo que en equis meses va a aprobarla, pero según se van acercando las fechas comprometidas pone algún tipo de excusa para retrasarla normalmente seis meses, porque suele retrasarla de seis meses en seis meses, y así todo el rato”, añade.

Normalmente seis meses, y a veces menos; en cualquier caso, la ley de vivienda estatal nunca ha acabado de llegar en las fechas comprometidas, y sigue sin hacerlo.

El pasado 23 de octubre, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, CUP, Compromís y BNG –grupos de izquierdas la mayoría de ellos integrados en el bloque de investidura que posibilitó primero la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno de coalición y después la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 de su Ejecutivo– emitían el manifiesto ‘Es urgente blindar y extender la regulación de los alquileres’, en el que recordaban que en los últimos cinco años en España los precios del alquiler han aumentado 30 veces más que los sueldos e instaban al Gobierno de coalición a tomar medidas urgentes que permitan regular los precios del alquiler. Cuatro días después, PSOE y Unidas Podemos emitían su ‘Declaración sobre regulación de los precios del alquiler’, en la que se comprometían a regular los precios del alquiler en la futura ley de vivienda.

"El PSOE se comprometió entonces con los grupos que le aprobaron los Presupuestos a aprobar una ley vivienda que incluyera la regulación de los precios del alquiler y estableció con Unidas Podemos un nuevo acuerdo dentro del Gobierno para que esa ley de vivienda fuera aprobada en cuatro meses [es decir en febrero de este año 2021], pero ya han pasado casi siete y como vemos se siguen retrasando los plazos, y ahora ponen la excusa del propio trámite parlamentario para retrasarlos aún más”, denuncia el portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Además de por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, CUP, Compromís y BNG, Gil destaca que el manifiesto ‘Es urgente blindar y extender la regulación de los alquileres’, impulsado por el propio Sindicato de Inquilinas, fue respaldado por “más de 9.000” organizaciones de la sociedad civil tan diversas como Cáritas, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, el Consejo de la Juventud de España, la Cruz Roja, FACUA-Consumidores en Acción o la ONCE, además de por los principales sindicatos: CCOO, UGT, CGT…

Así pues, el compromiso que el PSOE adquirió el pasado mes de octubre abarca mucho más que el propio compromiso con su socio de gobierno y con sus socios de investidura y de presupuestos. Sin embargo, “una vez mas vemos que se retrasa y además vemos que el PSOE se va desvinculando cada vez más de esos acuerdos y de esos pactos, y que aquellas políticas con las que se había comprometido y aquella ley con la que se había comprometido cada vez se ven más lejos y son menos garantistas”. Y en ese sentido “lo que vemos en términos generales es una estrategia”, insiste el portavoz del Sindicato de Inquilinas. Una estrategia que tiene dividido al partido de Sánchez.

Dos grupos

El PSOE ahora mismo está dividido con respecto a este tema”, como refleja que “está siendo incapaz de aprobar a nivel estatal leyes que sí ha aprobado a nivel autonómico” –es decir que “durante los últimos años ha votado leyes de vivienda autonómicas que recogen medidas que ahora es incapaz de aprobar a nivel estatal”– o que en la propia Comunidad de Madrid “el PSOE en los grandes municipios donde gobierna nos ha aprobado en los últimos meses mociones a favor de la ley de vivienda estatal y a favor de la regulación de los precios del alquiler”, destaca Gil.

Así pues, esta cuestión mantiene al PSOE “dividido en dos grupos”. Por un lado uno “mayoritario”, integrado por “sus alcaldías, sus concejales, sus bases y gran parte de sus votantes”, que “quiere la ley de vivienda y la regulación de los precios del alquiler; y por otro lado uno “minoritario” integrado por “personas como [José Luis] Ábalos y [Nadia] Calviño”, y es que el ministro de Agenda Urbana –y secretario de Organización del PSOE– y la vicepresidenta de Asuntos Económicos “son quienes están sufriendo la presión directa de los fondos buitre, que les están presionando para que no aprueben ese tipo de medidas, es decir para que retrasen todo lo posible la ley de vivienda y para que esta sea lo menos garantista posible”.

¿Por qué? No cuesta imaginarlo. “Esa presión de los fondos buitre pretende que en España no bajen los precios de la vivienda y del alquiler”, destaca el portavoz del Sindicato de Inquilinas. “Esos fondos buitre y los bancos siguen siendo las grandes inmobiliarias de este país y lo que no quieren es que bajen los precios, porque ello devaluaría su capital inmobiliario y eso es lo que no quieren, pero, claro, eso es a costa de todo lo que estamos viendo: de que familias no puedan pagar los alquileres, de desahucios y de una especulación que es precisamente lo que queremos cambiar con la ley de vivienda”, añade. “Eso es lo que explica por qué está ocurriendo esto y el cambio de actitud del PSOE, que de alguna manera se está dejando presionar y chantajear por los fondos buitre y los bancos”.

La gran pregunta es qué pasará finalmente con la ley de vivienda, es decir si será aprobada –y si será realmente garantista– o no.

“Seguimos siendo optimistas, porque sabemos que, como lleva pasando todos estos años en este país y como ha pasado también a nivel autonómico, si nos organizamos y luchamos podemos ganar a esos fondos buitre y a esos bancos y conseguir que en los próximos meses se apruebe una ley de vivienda garantista que entre otras cosas regule el precio de los alquileres y ponga fin a los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional”, finaliza Gil.

(laultimahora)