El Gobierno lo tiene claro, no habrá dinero público con escuelas que segregan por sexo

“Hoy hemos acordado prohibir los conciertos con colegios que segreguen por sexo. Es un logro muy importante. La privada concertada está sostenida con dinero público. Quien, en pleno Siglo XXI, quiera separar a niños y niñas, que se lo pague de su bolsillo”, anunciaba Pablo Echenique a través de su cuenta de Twitter.

La mayoría de los colegios concertados con dinero público que existen con este tipo de educación pertenecen al Opus Dei y se establecen en Comunidades históricamente gobernadas por el Partido Popular. 

Todo el mundo sabe los vínculos estrechos de miembros del PP, con la organización ultracstolica del Opus Dei. Alguno de ellos son muy conocidos en la política española y judicatura como pueden ser Luis de Guindos, Íñigo Méndez de Vigo (quien fuera, casualmente, ministro de Educación durante la legislatura de 2015), Fátima Báñez, Ignacio Cosidó, Carlos Lesmes (actual presidente en funciones del CGPJ) o Esperanza Aguirre, Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital madrileña, este último podría haber estudiado en uno de sus numerosos colegios.

La red de clientelismo 

Solo en la Comunidad de Madrid en el curso 2018-2019 contaba con 18 centros concertados segregados. En este sector las relaciones clentelares funcionan muy bien, Esperanza Aguirre, quien fuera presidenta, llegó a condecorar al Opus Dei, manteniendo vigentes varios conciertos públicos, además de los educativos, con la agrupación religiosa. Conciertos que siguen manteniéndose por la presidenta Isabel Ayuso.

Pero no sólo Madrid cuenta con estos colegios financiado con dinero público la Comunitat Valenciana, tercera en el ranking con 15, y sus vinculaciones con miembros de la formación conservadora es clara, Juan Cotino, reconocido miembro del Opus y del PP valenciano y Francisco Camps, expresidente autonómico imputado en varias tramas de corrupción.

El Gobierno ha anunciado que este tipo de educación que fomenta las desigualdades de género tiene los días contados porque no se va destinar dinero público. El nuevo acuerdo de Gobierno impedirá este tipo de concesiones e ilegalizará los contratos vigentes, viéndose obligadas todas las Administraciones a extinguirlos. Un paso importante en la apuesta por la escuela pública y la igualdad.