CSIF denuncia que el 60% de docentes comprometidos por las comunidades no se han incorporado

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) prepara una movilización nacional “ajustada a los tiempos” y está “estudiando” movilizaciones en las comunidades autónomas junto al resto de sindicatos docentes contra la “improvisación absoluta y absoluta dejación y abandono” con que el sector educativo afronta el inicio de curso, situación que le mantiene “alerta y vigilante”.

Así lo anunció este lunes en rueda de prensa el presidente Nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, quien, a su vez, denunció que más del 60% de los 38.000 docentes comprometidos por las administraciones autonómicas, casi 23.000, aún no se han incorporado a las aulas.

“No queremos ni insinuamos que el Gobierno central o las comunidades autónomas tienen más culpa una que otra”. “Si el 50% de las competencias sigue perteneciendo al Ministerio de Educación y el 50%, a las comunidades autónomas, las culpas también”, sentenció, convencido de que no hay “ninguna comunidad autónoma que se pueda decir que tiene un sobresaliente, ninguna”.

Gutiérrez se preguntó que “si todo estaba preparado desde junio, por qué todas las comunidades autónomas han cambiado a finales de agosto sus protocolos y la fecha de incorporación del alumnado”. “Por qué hay más de 20.000 docentes todavía sin incorporarse a los centros de las propias promesas que la administración ha hecho”, dijo, para, a continuación, defender que para cumplir la “ratio segura” de 15 alumnos por clase se requeriría la contratación estable de 39.000 docentes.

Según sus cálculos, actualmente hay 32.762 docentes más interinos que el curso pasado si bien este año no ha habido oposiciones y, por tanto, no se han podido cubrir las jubilaciones, que se sitúan en 17.529 profesores, por lo que, según el responsable de educación de CSIF, “más de la mitad de estas nuevas adjudicaciones se dedican a cubrir estas sustituciones y no las nuevas necesidades de refuerzo educativo por la pandemia”.

En este punto precisó que la crisis sanitaria “no está mostrando más que las deficiencias que ya existían en el sistema educativo” y criticó que “a día de hoy” aún se estén haciendo llamamientos en regiones como Madrid, Extremadura y Aragón por lo que exigió a las administraciones que sean “previsoras” y “vayan convocando las bolsas de trabajo de especialidades que estén bajas”.

A este respecto, lamentó que, en junio, las administraciones “esperaban que con una mascarilla y cuatro pintarrajos que pusieran en el suelo los docentes se apañaba, pero la realidad no ha sido así”. “Algunas comunidades han despertado de su siesta y se han puesto las pilas, pero ninguna ha llegado a lo verdaderamente exigible”, incidió, para subrayar que en aquellas “que no están haciendo nada y no quieren hacer caso”, como Galicia, el sindicato se ha sumado a la huelga.

Entre sus principales críticas a la gestión del inicio de curso, mencionó la falta de personal, “problemas de espacio” y “dificultades de organización” además de la situación de “absoluta dejación y abandono” en la que, a su entender, las administraciones educativas han dejado a docentes y familias así como su “falta de transparencia”.

Además, denunció que “muchos” centros aún no han recibido los termómetros necesarios para la toma de temperatura de los alumnos. “Que por una puerta pasen 600 alumnos y se tenga que medir uno por uno implica no conocer lo que es un sistema educativo”, sentenció.

Tras reclamar test “masivos” para todos los profesores de España, realizados “con preparación, con tiempo y con suficiente antelación para que no haya lo que sucedió el otro día en Madrid”, admitió que, “en general”, ya se están nombrando a los coordinadores Covid en los centros, si bien recordó que dicho coordinador “no deja de ser un compañero docente que tendrá la formación sanitaria que cualquier persona de la calle”, por lo que exigió una formación “adecuada que todavía no han recibido”.

Finalmente, el responsable nacional de educación de CSIF anunció que el sindicato comunicará sus derechos a todos los docentes para que aquellos que formen parte de colectivos de riesgo lo comuniquen “urgentemente” a Inspección con el fin de que se “reevalúe su puesto de trabajo y se adapte en caso de que así tenga que ser”.