El resultado del desmantelamiento: la sanidad privada cuadriplica sus beneficios con el colapso de la Atención Primaria

Atención Primaria lleva días copando las reclamaciones del personal sanitario y de buena parte de la ciudadanía, que exigen urgentemente su refuerzo como principal medida ante la subida de los contagios provocada por la nueva variante. Los síntomas leves de ómicron hacen que la mayoría de las personas contagiadas acudan a los correspondientes centros de salud o recurran a los test de antígenos y pruebas PCR para confirmar un posible resultado positivo. Sin embargo, la falta de inversión pública que un servicio esencial como la sanidad pública lleva arrastrando durante años en determinados territorios está llevando a la Atención Primaria al borde del colapso.

No obstante, mientras la sanidad pública agoniza, los laboratorios privados incrementan sus beneficios. Y es que la sanidad privada ha visto cuadriplicada la demanda de pruebas de detección del COVID-19. Cabe recordar que en el sector privado el precio de los test de antígenos ronda los 30 euros, mientras que el de una PCR oscila entre los 80 y algo más de 100 euros. Cifras que resultan inasumibles para buena parte de la ciudadanía —especialmente, si se trata de una familia más numerosa—, que depende de la gratuidad y disposición de los servicios públicos para garantizar su bienestar. Del mismo modo, la especulación por parte de proveedores estaría provocando que el precio de los test —cada vez más difíciles de encontrar— se dispare en las farmacias.

A  pesar de dicha necesidad social, la sanidad pública se encuentra gravemente dañada en aquellas autonomías en las que la gestión política ha ido enfocada a recortes y a la disminución de las plantillas —ya infradotadas previamente a la pandemia—. Ejemplo de ello son las dos comunidades señaladas por el Tribunal de Cuentas por contar con la más baja inversión en sanidad de todo el territorio nacional: la Comunidad de Madrid y Andalucía. Ambas gobernadas actualmente por el Partido Popular y con una política sanitaria similar, con despidos masivos de sanitarios —7.000 planeados en enero por Isabel Díaz Ayuso y 3.000 despidos producidos el pasado octubre por Juanma Moreno, que planea un total de 8.000— y cierres de las urgencias en la capital y de centros de salud andaluces por las tardes.

Recortes que, en plena sexta ola, han conducido hacia una agonizante Atención Primaria —una sensación compartida en los centros hospitalarios— que no es fruto de una mera casualidad, sino la consecuencia de una verdadera planificación política. Y es que el desmantelamiento de los servicios públicos ejecutado por ciertos gobiernos regionales tiene un claro objetivo: favorecer la sanidad privada. En esta dirección apuntaba la política Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, ya en noviembre, cuando aseguraba que este tipo de gestión tan solo pretende beneficiar “el negocio de unos pocos” con una finalidad evidente: “El desmantelamiento de la sanidad pública para que solo haya sanidad para aquellas personas que se lo puedan pagar”.

Una maniobra que se ha mostrado en su máximo esplendor esta última semana, con una Atención Primaria más necesaria y debilitada que nunca. Una paradoja que obtiene su respuesta en la distante situación de la sanidad privada, cuyos laboratorios han multiplicado por cuatro las pruebas covid a realizar y, por lo tanto, sus beneficios —nutriéndose del desabastecimiento, provocado, del servicio público—. Cabe recordar que el precio de dicha alternativa no es asequible para buena parte de la población, que ve imposibilitado el contacto con su centro de salud sin poder recurrir a la privilegiada sanidad privada. Un escenario impensable para cualquier Estado que se considere “del bienestar”, cuyo principal eje es garantizar el bien común basado en la solidez de los servicios públicos.

Fuente:laultimahora.es