Pedro Sánchez calla ante los ataques de Marruecos a los DDHH en el Sáhara

Dos grandes carteles con el lema “10 de Diciembre Día Internacional de los DERECHOS HUMANOS”, resaltando estas dos últimas palabras sobre las demás, cuelgan en la fachada del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), uno a cada lado de la entrada principal, en la plaza de la Provincia de Madrid.

Este recordatorio de la Declaración Universal de los DDHH, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, la hace cada año el MAEC, que dedica en su página web un apartado a los Derechos Humanos, cuya promoción y protección asegura “es parte sustancial de la política exterior de España”.

El departamento que dirige José Manuel Albares denuncia que los Derechos Humanos “siguen siendo violados por gobiernos que privan sin juicio de la libertad a sus ciudadanos, encarcelan a periodistas o impiden el desarrollo de elecciones libres y justas”, y afirma que España “continuará denunciando aquellos casos en los que los representantes de la sociedad civil sufran amenazas o represalias, y trabajando en la protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos”.

En línea con estos principios, el Gobierno de Pedro Sánchez ha denunciado ataques contra la población civil ocurridos en cualquier parte  del mundo, lo que no ha hecho hasta ahora si los DDHH han sido violados en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos.

Las condenas de las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos ser repiten por las actuaciones marroquíes en la excolonia española; las últimas han sido de Amnistía Internacional -en dos ocasiones-, del Centro Robert F. Kennedy y del Front Line Defenders, concretamente por el asedio y acoso, violaciones incluidas, que desde hace más de un año sufren la activista Sultana Jaya y su familia en su casa de Bojador por parte de agentes y paramilitares marroquíes.

Denuncias que no son atendidas

La situación de Sultana Jaya, galardonada recientemente con el “Premio Derechos Humanos APDHE 2021”, pero que fue eliminada de la candidatura al Premio Sajarov a la Libertad de Pensamiento 2021 del Parlamento Europeo al votar los europarlamentarios del PSOE en un desempate a la candidata de VOX, ha motivado en España el apoyo a la activista saharaui de corporaciones locales y partidos como PNV, IU, Podemos, Esquerra Republicana, BNG, Compromís, EH-Bildu o Nueva Canarias.

El diputado del PNV Aitor Esteban preguntó al Gobierno qué iba a hacer para salvar las vidas de Sultana y su familia, a lo que el ministro José Manuel Albares, el mismo que dijo al día siguiente de su toma de posesión “defendemos los derechos humanos sin condiciones”, respondió que a ningún Estado le gusta tomar medidas si son terceros los que le obligan a ello y que jamás anteponen las relaciones de buena vecindad a los Derechos Humanos, pero que no lo contaba “por eficacia”. Todo esto sin pronunciar el nombre de Sultana Jaya.

Esquerra Republicana, por su parte, pidió atención para Sultana Jaya y para el preso político Mohamed Lamin Haddi en una Proposición no de Ley (PNL) presentada en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno proteja a quienes sufren en el Sáhara Occidental los abusos de las fuerzas militares, paramilitares y penitenciarias marroquíes.

En su exposición, ER recrimina al Gobierno que cualquier pregunta que se le hace sobre este tema es contestada “con tres líneas de vaguedades y generalidades, con una respuesta en Pleno del Congreso equidistante y medida, o con una prohibición a periodistas de RTVE de visitar los campamentos de los refugiados saharauis”.

La situación de Sultana Jaya llegó al Parlamento Europeo con el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán, que pidió la intervención del Comité de Derechos Humanos para velar por la seguridad de la activista saharaui, relatando que en uno de los asaltos a su casa de paramilitares marroquíes fue inyectada con una sustancia desconocida.

La inyección de sustancias desconocidas y violación a Sultana y a su hermana Luaara se repitieron en un nuevo asalto en la madrugada del 5 de diciembre, durante el cual agredieron a todos los miembros de la familia, incluida la madre, de 84 años, además de esparcir basura y líquidos fétidos por toda la casa.

El Comité Contra la Tortura de NNUU condena a Marruecos.

En noviembre se conoció que el Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas reconoció las violaciones perpetradas por Marruecos al ciudadano saharaui Omar N’Dour, relacionado con los hechos de Gdeim Izik. El Comité considera que el maltrato físico y las lesiones sufridas por N’Dour durante su arresto, interrogación y detención constituyen tortura según el artículo 1 de la Convención contra la tortura, que ha violado el Estado marroquí al dejar estos crímenes impunes.

Desde hace más de ocho meses el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) se concentra todos los lunes ante al Ministerio de Exteriores para pedir que España, como administradora de derecho del Sáhara Occidental, actúe ante Marruecos por los presos saharauis, el mismo argumento en el que se basó la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) para pedir a Pedro Sánchez que el Gobierno español cumpla con sus responsabilidades para garantizar la protección de los activistas saharauis, señalando que “es esencial exigir al Gobierno de Marruecos el respeto del Derecho Internacional Humanitario”.

Ante estas denuncias, el Gobierno de España sigue sin actuar a pesar de que la Oficina de Derechos Humanos (ODH) del MAEC gestiona un Programa de Protección y Acogida Temporal a Defensores de Derechos Humanos Amenazados. El programa, creado en 1998 y dirigido a personas amenazadas y en situación de riesgo por su defensa pacífica de los Derechos Humanos, “busca facilitar su acogida temporal en España garantizando la confidencialidad en cuanto a su identidad”.

Como escribió recientemente el profesor Luis Portillo Pasqual del Riquelme, en cuestiones del Sáhara Occidental tenemos un Gobierno sordo, mudo y ciego.

La siguiente es una relación de hechos relacionados con los DDHH ocurridos en noviembre de 2021 en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en ciudades del sur marroquí habitadas por saharauis y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, según organizaciones no gubernamentales y medios de información saharauis y españoles.