Vox partidario de que se desahucie a personas económicamente vulnerables y recurre ante el TC el decreto que lo suspende

De nuevo VOX ha vuelto a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, en este caso, contra la suspensión del procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional, según ha informado EuropaPress.

Desde el partido se considera que el texto vulnera «pilares fundamentales del Estado de Derecho» como la justicia o la propiedad privada y así lo han hecho contar, pidiendo que se declare inconstitucional el Real Decreto-Ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.

En concreto, matiza EuropaPress, «se refieren a la redacción que confiere a los apartados 1 y 7 ‘c’ del artículo 1 bis de un decreto anterior, el relativo a las medidas urgentes complementarias que se aprobó el 31 de marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia».

Fue el pasado 26 de octubre cuando el Consejo de Ministros aprobó la ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, el denominado escudo social.

Vox sostiene que «la entrada y permanencia delictiva en una vivienda no puede configurarse como causa legal que imposibilite el cumplimiento estricto de los mandatos que la sentencia contiene y, menos aún puede permitir dar por satisfecha la tutela judicial efectiva de quien instó el correspondiente proceso penal».

Vox y el uso político de la justicia

El poder judicial, en los países que dicen ser o quieren ser democráticos, se utiliza para asegurar que el incumplimiento de las leyes que emanan del resto de poderes del Estado se cumplan con igualdad y equidad entre toda la ciudadanía, independientemente de la situación personal o particular. Sin embargo, la extrema derecha ha intentado hacer un uso político de la justicia aprovechando las herramientas establecidas en la legislación, las administraciones públicas, los resquicios del sistema e ingentes recursos económicos y mediáticos.

 
De esta forma, el partido ultraderechista Vox en España, por ejemplo, acostumbra a poner querellas contra todo aquello que no le gusta. Evidentemente, cada querella supone, como mínimo, que parte del sistema jurídico del Estado debe trabajar para estudiarla y, en su caso, tramitarla. Por ello, sería deseable y esperable que ese trabajo no fuera en vano.

Sin embargo, haciendo un breve repaso a todas las actuaciones judiciales en las que la formación ha sido protagonista o parte, resulta fácil deducir que, como ya ocurrió con el sindicato Manos Limpias o con Abogados Cristianos, existe una potente motivación política detrás que, lo que busca, es conseguir rédito político de las causas, independientemente que después acaben en nada, ya sea por no poder aportar pruebas de culpabilidad o por, directamente, el archivo del caso.