El PP, VOX, Cs y el TSJ quieren arrebatar el escaño a Alberto Rodríguez, y le llaman "DEMOCRACIA"

La reivindicación expresa del régimen del 78 que Felipe González hizo la semana pasada en el 40º congreso federal del PSOE y su abrazo de ‘reconciliación’ con Pedro Sánchez –plasmados este lunes en la noticia del fichaje de Antonio Hernando como director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno– apuntaban a un nuevo giro a la derecha del partido, y así se ha evidenciado este jueves, cuando el PSOE –contra el criterio de los servicios jurídicos del Congreso– ha entrado al juego de la ofensiva de la derecha política, judicial y mediática para intentar arrebatar su escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

Que el Tribunal Supremo no ha condenado a Alberto Rodríguez a abandonar su escaño en el Congreso es algo sin discusión jurídica, como han dejado claro los servicios jurídicos de la Cámara en su informe para la Mesa del Congreso, informe que estableció que de la sentencia del Supremo “no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez”. La Mesa decidió este martes que Rodríguez no debía abandonar su escaño, y lo hizo con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos –que votaron en el sentido del informe– y con el rechazo de PP y Vox –que votaron en el sentido contrario al del informe–.

Que el Tribunal Supremo no ha condenado a Alberto Rodríguez a abandonar su escaño en el Congreso es algo sin discusión jurídica –fuentes jurídicas, expertas en Derecho Penal y Derecho Electoral, consultadas por LUH y los miembros de la judicatura, fiscalía y abogacía que se han pronunciado estos días sobre la cuestión en artículos de prensa o en redes sociales coinciden con los servicios jurídicos del Congreso–, pero es que esta no es una cuestión jurídica sino política, y está enmarcada en una ofensiva de la derecha política, judicial y mediática contra Rodríguez a la que el PSOE ha dado este jueves oxígeno.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, envió este miércoles a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un oficio para que remitiera al alto tribunal “el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, con la finalidad de realizar la liquidación de su condena”. El oficio de Marchena –el magistrado al que el PP pretendía colocar como presidente del CGPJ para controlar la Sala Segunda del Supremo “por la puerta de atrás”– está muy calculado: dice que la sentencia contra Rodríguez incluye una “pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo” y pregunta sobre su fecha de “inicio de cumplimiento”.

No es ningún secreto que la pieza a abatir en esta cacería política emprendida por la derecha política –representada por PP y Vox–, judicial –representada por Marchena– y mediática –representada por ‘ABC’, ‘El Mundo’, ‘El Español’, ‘El Confidencial’, ‘Libertad Digital’ u ‘Okdiario’– es el escaño de Alberto Rodríguez, pero es que uno de los 350 escaños del Congreso no es cualquier cosa, pues se trata de una de las dos cámaras que, según la Constitución, son “inviolables” y “representan al pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Batet tenía este jueves tres posibilidades. Una, responderle al Tribunal Supremo que –como establecieron los servicios jurídicos del Congreso en su informe– Alberto Rodríguez ya ha pagado la multa y, en consecuencia, ya ha cumplido la pena impuesta por el tribunal, que lo condenó a un mes y 15 días de cárcel con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena pero que en la misma sentencia acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros. Otra, arrebatar el escaño a Rodríguez, como pretenden abiertamente la derecha política y la derecha mediática y como seguramente pretende también Marchena, que no obstante – quizás consciente del sentido del informe de los servicios jurídicos del Congreso y de la propia sentencia que condenó a Rodríguez– no se ha atrevido a reclamarlo abiertamente en su oficio, en el que –es más– lo único que pide a Batet es información. Y otra, precisamente preguntarle a Marchena que explique mejor qué es lo que quiere.

Muy grave

Tras la reunión de la Mesa del Congreso celebrada en la tarde de este jueves, Batet se ha decantado por esta última –una especie de solución intermedia– pero no sin dudar, pues ha llegado a barajar la posibilidad de arrebatar el escaño a Alberto Rodríguez, algo que habría sido muy grave, pues lo habría hecho sin que Marchena se lo hubiera pedido y sobre todo lo habría hecho contra el informe de los servicios jurídicos de la Cámara que ella misma preside.

Así las cosas, Marchena deberá explicar bien a Batet qué es lo que quiere, y la presidenta del Congreso deberá responderle. Y ambos deberán hacerlo teniendo en cuenta un hecho sin discusión jurídica: que el Tribunal Supremo no ha condenado a Alberto Rodríguez a abandonar su escaño en el Congreso. Y teniendo en cuenta otro hecho: que el caso del diputado Alberto Rodríguez muy posiblemente acabará en instancias europeas en las que unos y otros deberán responder de sus actos.

La del escaño de Alberto Rodríguez no es una cuestión jurídica –pues no tiene discusión jurídica– sino política, y además directamente relacionada con la actual disputa por la dirección de Estado entre dos bloques –uno, republicano, de profundización democrática, y otro, monárquico, reaccionario y neofranquista–, con el PSOE en medio, como ha ejemplificado Batet este jueves optando precisamente por la vía intermedia entre la que reclamaba Unidas Podemos y la que reclamaban PP y Vox.

Primero, está por ver si Marchena se atreve a pedirle a Batet que arrebate el escaño a Alberto Rodríguez. Y después –si Marchena lo hiciera–, estaría por ver si Batet –contra el informe de los servicios jurídicos del Congreso– le obedecería. En definitiva, está por ver con cuál de los bloques en disputa por la dirección de Estado se posiciona el PSOE –partido en el que Felipe González empieza a volver a tener mano– en una cuestión que no es jurídica sino política y que amenaza con que la derecha política –tan bien conectada con la derecha judicial y con la derecha mediática– acabe controlando “por la puerta de atrás” también un Congreso en el que dista de contar con mayoría.

Fuente:laultimahora.es