¿Porque el el PP, Cs y Vox apoyan en el Congreso la subida de la luz?

Los de Pablo Casado, Inés Arrimadas y Santiago Abascal se han vuelto a alinear en su ataque al plan de choque aprobado por el Ejecutivo para paliar el incremento de los precios de la energía eléctrica y el gas que asola al conjunto de Europa. Las tres formaciones votaban en contra de las medidas que, entre otras, abaratan la factura a pequeños consumidores y PYMES en torno a un 30% y limitan los llamados beneficios ‘caídos del cielo’ que obtienen las grandes empresas.

Una decisión que les posiciona del lado del oligopolio eléctrico que, a pesar de obtener un rendimiento económico histórico para el año 2020, ha llegado a amenazar con marcharse del país y cerrar plantas nucleares.

El Real Decreto, aprobado ayer por mayoría absoluta, ha llegado de la mano de la presión ejercida por Unidas Podemos a la interna de la coalición gubernamental ya que, en la propuesta definitiva presentada por Teresa Ribera, se han visto plasmados muchos de los ejes que la formación morada trasladó a sus socios.

“Es verdad que el PP tiene relaciones estrechas con el oligopolio eléctrico”, explica para este diario Pablo Echenique como principal motivación del posicionamiento de la oposición, “pero el PSOE también. Y sin embargo, este Real Decreto se lleva al Consejo de Ministros y luego se convalida en el Congreso de los Diputados, siendo la primera vez en la historia que esto ocurre. De hecho, la prueba definitiva de que este Real Decreto protege a la gente y reduce los privilegios de las eléctricas es que Sánchez Galán [Iberdrola] salga a incinerarse en público. Este señor ha salido como portavoz político de un lobby concreto”.

LOS VERDADEROS MOTIVOS DE LA VOTACIÓN

LA VOTACIÓN 
Los motivos que alegan para posicionarse del lado del “chantaje” que los directivos de las empresas han vertido radican en alegar el abandono de la industria, algo que, según declara el portavoz morado, son falsos.

“La relación entre el PP y el oligopolio eléctrico es muy estrecha, pero no pueden decirlo abiertamente. Como siempre, la derecha tiene que mentir o manipular porque no puede decir realmente qué está haciendo. Pablo Casado no puede salir a defender al oligopolio y amparar todo el dinero que ganan a pesar de que la gente tenga que pagar una factura muy alta. No puede decirlo porque entonces perdería las elecciones. Tiene que decir otra cosa, en este caso, que este Real Decreto es malo para la industria y que está provocando que plantas siderúrgicas vascas, entre otras, tengan que cerrar. Esto es mentira”.

Como prueba, advierten que la industria y el sector energético nunca han estado en sintonía, ya que una de las reivindicaciones de la primera es, justamente, el abaratamiento de los costes de la segunda para expandir este sector económico. “Si el PSOE lleva al Consejo de Ministros alguna medida para proteger a la industria, nosotros la vamos a apoyar, de hecho, ya estamos pensando maneras para protegerla. Somos los primeros convencidos de que este país no puede seguir viviendo del turismo y de la hostelería permanentemente, tenemos que tener un sector industrial fuerte”, asegura. “Lo que no quiere el oligopolio, lo que no quiere Sánchez Galán y lo que no quiere el Partido Popular, Vox y Ciudadanos es que toquemos los beneficios caídos del cielo, que es lo que hace el Real Decreto”.

Las vinculaciones entre el escaño y el consejo de administración son sobradamente conocidas para algunos partidos políticos. Las llamadas ‘puertas giratorias’, que fuerzas como Unidas Podemos propone prohibir, acaban por colocar a miembros determinantes en la toma de decisiones en las direcciones de las empresas.

“El PP ha hecho lo esperable. Y es evidente por qué PP, Ciudadanos y Vox lo tumban. Todos ellos aspiran a acabar en un consejo de administración. Las relaciones son estrechísimas”, declara Echenique.

De facto, se contabilizan más de 60 figuras de la política que han acabado en ellos, sobre todo, del PP y del PSOE. Presidentes del Gobierno, ministros, altos cargos o secretarios de Estado conforman una larga lista de políticos que, tras desempeñar sus funciones a los mandos de las instituciones públicas, han acabado ocupando importantes sillones en grandes empresas y multinacionales relacionadas con sectores estratégicos para la economía del país.

La práctica ha mostrado la intrínseca relación que figuras de la política han mantenido durante sus mandatos con el ámbito empresarial en el que tenían capacidad de influencia. De facto, muchos de ellos han acabado inmiscuidos en procesos judiciales.

Los nombres de Felipe González y José María Aznar, autores de la privatización de más de 114 empresas públicas –entre ellas, las eléctricas–, fueron los presidentes que, junto a Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), pasaron a formar parte de los consejos de administración de diferentes corporaciones energéticas. González, con una designación salarial cifrada en torno a los 127.000 euros anuales, fichó como consejero de la antigua Gas Natural –ahora Nagturgy–. Aznar, por su parte, se sentó como asesor de Endesa por un sueldo de 200.000 euros fijos, 300.000 variables en función de objetivos.

A ellos se le suman otros como Miguel Boyer, Beatriz Corredor, Elena Salgado, Pedro Solbes, Narcís Serra, Cristina Garmendia, Javier Solana, Josep Borrell o Manuel Marín por el PSOE, y Luis de Guindos, Rodolfo Martín Villa, Ángel Acebes, Fátima Báñez, Carlos Espinosa de los Monteros o Carmen Becerril por el PP. Estos son solo algunos de los más destacados, muchos de ellos responsables de la cartera de Economía, que posteriormente ocuparon, algunos aún en la actualidad, puestos en multinacionales del sector eléctrico.

Fuente:laultimahora.es