El PSOE no acepta la propuesta de UP de intervenir las eléctricas porque al igual que el PP han colocado a los suyos

Presidentes del Gobierno, ministros, altos cargos o secretarios de Estado conforman una larga lista de políticos que, tras desempeñar sus funciones a los mandos de las instituciones públicas, han acabado ocupando importantes sillones en grandes empresas y multinacionales relacionadas con sectores estratégicos para la economía del país.

La práctica, comúnmente conocida como “puertas giratorias”, ha mostrado la intrínseca relación que figuras de la política han mantenido durante sus mandatos con el ámbito empresarial en el que tenían capacidad de influencia. De facto, muchos de ellos han acabado inmiscuidos en procesos judiciales.

Los nombres de Felipe González y José María Aznar, autores de la privatización de más de 114 empresas públicas –entre ellas, las eléctricas–, fueron los presidentes que, junto a Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), pasaron a formar parte de los consejos de administración de diferentes corporaciones energéticas. González, con una designación salarial cifrada en torno a los 127.000 euros anuales, fichó como consejero de la antigua Gas Natural –ahora Nagturgy–. Aznar, por su parte, se sentó como asesor de Endesa por un sueldo de 200.000 euros fijos, 300.000 variables en función de objetivos.

En el mismo sector, completan el listado más de 60 expolíticos, socialistas y populares, en formar parte de este entramado colaborativo entre el estado y lo privado que a día de hoy se niegan a regular en sede parlamentaria.

Miguel Boyer, Beatriz Corredor, Elena Salgado, Pedro Solbes, Narcís Serra, Cristina Garmendia, Javier Solana, Josep Borrell o Manuel Marín por el PSOE, y Luis de Guindos, Rodolfo Martín Villa, Ángel Acebes, Fátima Báñez, Carlos Espinosa de los Monteros o Carmen Becerril por el PP son solo algunos de los más destacados, muchos de ellos responsables de la cartera de Economía.

Todos ellos impulsaron medidas como los llamados “beneficios caídos del cielo” a hidroeléctricas y nucleares, cuya sobrerretribución regaló cifras millonarias procedentes de las arcas públicas al oligopolio energético, o el polémico “impuesto al sol” y los sucesivos recortes a las energías renovables de Mariano Rajoy, cuyos dos de sus responsables, Ignacio Grangel y Luis Valero, fueron colocados en cuestión de un año en los consejos de administración de las eléctricas.

laultimahora.es