Calviño no quiere regular el precio del alquiler

PSOE y Unidas Podemos mantienen «discrepancias sustanciales» sobre la futura Ley de Vivienda, unos desacuerdos que se pueden resumir en cuatro cuestiones: la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dedique una parte de sus viviendas al alquiler social; la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables; el tercero, la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler y la regulación de precios del alquiler.

El mayor atasco ahora mismo se encuentra en la regulación de los precios de los alquileres. Según lo firmado hace cuatro meses, en las zonas tensionadas se habilitarían «mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes».

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el tema y ha señalado que no es partidaria de adoptar un límite de precios a los alquileres y apuesta por aumentar la oferta de viviendas sociales o alquileres sociales.

Calviño apuesta por aumentar la oferta de viviendas sociales o alquileres sociales

Esta idea encaja con el protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas firmado este miércoles por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Sareb, por el que se pondrá a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales un total de 5.000 nuevas viviendas a corto plazo y que se ampliará hasta 10.000 a medio plazo.

En una entrevista en la Cadena Ser, Calviño ha dicho que «estamos concentrados en aumentar la oferta de alquileres. Las ciudades que están regulando el precio de la vivienda no están teniendo mucho éxito».

Según un argumentario de octubre del Ministerio de Economía, al que ha tenido acceso infoLibre, ya se valoraba desfavorablemente establecer un mecanismo de control de precios análogo al aprobado en Cataluña en la Ley 11/2020. «Los efectos de la regulación de las rentas iniciales de alquiler podrían tener efectos considerablemente negativos en el mercado de la vivienda e incluso en su asequibilidad», indicaba.

Asimismo, el argumentario se oponía a prohibir todos los desahucios y también el régimen de Sociedades Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis), ya que estas sociedades «aportan beneficios al mercado inmobiliario español» como la «diversificación», la «mayor liquidez de las carteras inmobiliarias» o el «desarrollo de un mercado del alquiler profesional».

Pero quien negocia la futura ley no es Economía, sino el ministerio de José Luis Ábalos, más concretamente, el secretario general de Vivienda, David Lucas, que es el encargado de reunirse con la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. El anuncio de que se pondría en el mercado 10.000 nuevos alquileres sociales anula el denominado Plan 20.000, presentado en 2018, que consistía en la construcción de 24.000 alquileres asequibles en suelos del Estado promovidos por organismos públicos como Sepes en ciudades con los precios por las nubes. Ahora el nombre ha cambiado y se llamará Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, y espera gestionar unas 50.000 viviendas:24.000 del antiguo plan, 15.000 del banco Sareb (5.000 que ya habían sido cedidas a las comunidades autónomas y de las que solo otras 5.000 estarán disponibles a corto plazo) y 11.000 viviendas del Fondo Social de Vivienda.

Discrepancias en la coalición

Unidas Podemos ha acusado a sus socios del PSOE de «falta de voluntad política» para cumplir el acuerdo de Gobierno en materia de vivienda y de retrasar las conversaciones entre Lucas y Belarra por las elecciones catalanas. Además, critican que han enviado hace varias semanas una propuesta de mecanismo de control de precios al equipo de Ábalos sin obtener respuesta.

A todo esto se suma la «vía portuguesa», una alternativa que plantea el Gobierno para no regular el alquiler como se acordó. Esta medida es algo así como una adhesión voluntaria a un programa para arrendar la propia vivienda por debajo del precio de mercado a cambio de beneficios fiscales para los propietarios.

Ábalos ha rechazado en las últimas semanas dos propuestas de Podemos: que la consideración de «grandes propietarios» o «grandes tenedores» se amplíe hasta alcanzar a los poseedores de cinco o más inmuebles y obligar a los fondos a que destinen un 30% de su cartera de pisos a viviendas sociales.

Fuente:contrainformacion.es