
«Otro que se libra por realizar un curso»: Tras violar y apalizar a una jornalera, a la que amenazó con despedirla si lo contaba, no entrará a la cárcel
Al individuo ha sido condenado a dos años de cárcel, aunque se le concede el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad.
Sociedad - Derechos Humanos04/08/2022 Redacción/spanishrevolution

Un hombre ha sido condenado por violar a una mujer jornalera y darle una paliza en la parte trasera de una furgoneta. El hombre, murciano de 67 años de edad, admitió en sede judicial la agresión sexual de la que se le acusaba y reconoció que forzó a la que era su empleada en mayo de hace tres años en Mula.
El sujeto recogió a la mujer en Archena, con su furgoneta, y la llevó a una finca de Yéchar, en Mula, donde paró. Cuando ella le preguntó qué hacían ahí, el individuo espetó: ‘Cállate: si no quieres problemas conmigo, haz lo que yo te pida’. Entonces la trabajadora manifestó su intención de marcharse, y fue cuando él ‘le propinó un empujón y la introdujo en la parte trasera de la furgoneta, intentando la mujer zafarse en varias ocasiones, sin éxito, debido a los golpes que el acusado le propinaba en la cara, a la vez que la agarraba del pelo'», relatan desde La Opinión de Murcia siguiendo los autos judiciales.
«Acto seguido, la violó, al tiempo que la insultaba: ‘Eres una puta: si has quedado conmigo y te has subido al coche, ya sabías lo que iba a ocurrir’. La volvió a agredir y le dijo: ‘Vístete y no digas nada, que nadie te va a creer'», concluye el relato.
La mujer, sin embargo, le denunció y el juez dictaminó cárcel provisional, donde estuvo medio año, pero tres año más tarde el caso llegaba a la Audiencia Provincial de Murcia, aunque no se celebró juicio como tal, al darse una conformidad entre las partes.
El condenado reconocía los hechos y acataba las penas pactadas, dos años de prisión por un delito de agresión sexual, con las atenuantes de reparación del daño por 6.000 euros y de confesión tardía.
Además tendrá una orden de alejamiento de 500 metros durante 7 años, libertad vigilada durante 5 años y la asistencia a un programa formativo de educación sexual.
Dicha resolución ha causado la indignación en redes sociales por parte de agentes sociales, políticos y la ciudadanía en general:
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