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Política Arabia Saudí: cuando se pone precio a los derechos humanos

La celebración de la Supercopa en el país asiático ha vuelto a evidenciar la hipocresía de Occidente con un territorio que vulnera derechos fundamentales y estrechamente vinculado al rey emérito

Actualidad - Internacional 16/01/2022 Redacción/angencias

La hipocresía de Occidente respecto a Arabia Saudí se ha evidenciado durante años, manifestándose mediante la industria del fútbol o a través de importantes negocios entre el territorio asiático y países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Francia o Canadá. Intereses económicos por los que también España se ha dedicado a la venta de armamento a la monarquía saudí, convirtiéndose en su quinto exportador mundial. Según Amnistía Internacional (AI), España autorizó la venta de armas a los saudíes y emiratíes por valor de más de 2.400 millones de euros y les exportó armas, sobre todo munición y aviones, por importe de casi 1.600 millones entre 2015 y 2020. Solamente en 2020, el material español de defensa vendido al régimen saudí superó los 48 millones de euros.

Ya en 2018, Margarita Robles, actual ministra de Defensa, se vio obligada a esclarecer el suceso entorno a la venta de armas al país días antes del asesinato perpetrado en el consulado saudita en Estambul que acabó con la vida del periodista crítico Jamal Khashoggi, lo que supuso una sonada violación de los derechos humanos. El negocio armamentístico con el régimen saudí por parte de Defensa y empresas españolas cuenta con el conocido rechazo de múltiples organizaciones humanitarias y de formaciones políticas como Unidas Podemos, miembro del Gobierno, que alertan del peligro de que el material se utilice, por ejemplo, en la masacre de Yemen, iniciada en 2014 y sobre la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó a finales de 2021 de 150.000 muertes en los combates y otras 227.000 provocadas indirectamente por el conflicto.

Sin embargo, la actividad bélica de Arabia Saudí no ha impedido que países de Occidente mantengan los negocios armamentísticos con el territorio asiático. Tampoco lo han hecho las violaciones de derechos humanos que caracterizan el país, que según el último informe de AI se han intensificado en lo que respecta a la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Entre las principales víctimas de dicha persecución, detenciones arbitrarias, procedimientos judiciales e incluso encarcelamientos se encuentran periodistas, personas críticas con el gobierno, activistas de los derechos de las mujeres, defensores y defensoras de los derechos humanos y familiares de activistas. Tanto es así, que la organización recoge cómo a finales de año la práctica totalidad de los defensores saudíes de derechos humanos se encontraban detenidos o encarcelados.

En contra de la tendencia mundial, las penas de muerte se han incrementado en Arabia Saudí, alcanzándose las 184 ejecuciones en 2019 y otras 40 recogidas en el primer semestre de 2021 —superando ya la totalidad de ejecuciones en 2020, cuando disminuyeron a causa de la pandemia—. La entidad también señala juicios injustos a activistas por los derechos humanos —algunos punibles con la muerte— y detenciones por el apoyo pacífico al movimiento por los derechos de las mujeres o por organizar un foro intelectual para hablar de libros y filosofía. Del mismo modo, AI denuncia castigos corporales judiciales, sentencias basadas en la tortura —como recibir un número elevado de azotes— que habrían continuado pese al supuesto fin dictado por el ministro de Justicia. Por otro lado, Arabia Saudí sigue prohibiendo la homosexualidad, pudiendo enfrentarse las personas del colectivo LGBTI a penas de flagelación y cárcel. Cabe destacar la situación de las personas migrantes —especialmente, el “infierno” que viven trabajadores etíopes—, vulnerables a abusos y explotaciones laborales por el sistema kafala —basado en la práctica esclavitud—.

El último ejemplo de cómo se pone precio a los derechos humanos se ha evidenciado a través del deporte. La capital de Arabia Saudí será el escenario en el que se jugará la final de la Supercopa de España entre el Athletic Club y el Real Madrid CF después las semifinales disputadas también en Riad contra el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, respectivamente. Además de los ingresos millonarios para los clubes —que ascendería a los 20 millones de euros, aunque no se han dado cifras oficiales debido a la escasa transparencia de las cuentas—, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se embolsa otros 20 millones, aumentado así sus ingresos en un 325%. Pese a las mencionadas violaciones de derechos humanos y fundamentales en el país asiático, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, renovaba el acuerdo para que la competición tenga lugar en el territorio saudí hasta 2029. Un pacto con el que se dejan al margen a los aficionados españoles y se venden los valores de todo un deporte a cambio de una lluvia de millones destinada a blanquear un régimen represivo y carente de derechos como el de Arabia Saudí.

EL REY EMÉRITO, VIEJO AMIGO DEL RÉGIMEN SAUDÍ

Arabia Saudí también mantiene una estrecha relación con Juan Carlos I. Y es que una parte significativa de la fortuna del emérito tendría su origen en la monarquía saudí, de la que habría recibido 100 millones de euros en concepto de las comisiones por haber hecho de “mediador” entre las empresas constructoras y el régimen saudita en el proyecto del AVE a la Meca. Por ello, el borbón habría creado en 2008 la opaca Fundación Lucum —cuya cuenta cerró en 2012 y en la que Felipe VI figuraba como segundo beneficiario— desde Zarzuela para ingresar la escandalosa cifra.

En octubre de 2021, el archivo personal de Emilio Alonso Manglano destapaba una confesión del emérito, que contó al jefe de la inteligencia española cómo el rey saudí le había dado 36 millones de dólares para “financiar la Transición”, de los cuales un millón acabaría en las manos de Adolfo Suárez para que este dejara la política, un objetivo que se consiguió con su dimisión. Actualmente, la vulneración de derechos fundamentales continúa sin ser un impedimento para el que fuera Jefe del Estado hasta 2014, ya que este reside desde 2020 —tras huir de España por la repercusión de sus escándalos— en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, un país también señalado por las violaciones a los derechos más elementales.

Fuente:laultimahora.es

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