No podemos seguir siendo tampoco en eso una anomalía en Europa”, declaraba Jaume Asens, presidente del grupo morado en el Congreso, en Las Mañanas de Radio Nacional, donde anunciaba que registrarán una petición de apertura de una comisión de investigación sobre los casos de abusos a menores perpetrados por miembros de la Iglesia española ante la negativa de la Conferencia Episcopal, que se ha atrincherado con su acto de desobediencia al Vaticano.

De facto, existen precedentes similares en el entorno del país. Bélgica aprobaba una comisión parlamentaria con el objetivo de investigar, reconocer y reparar el daño causado a las víctimas; asimismo, en Francia y Alemania fue impulsada por las propias autoridades eclesiásticas. Tan solo las iglesias italiana y española se resisten a ello. “Hay que depurar responsabilidades”, advertía Asens, “son hechos abominables”.

Todo, a pesar de que el Papa Francisco, tras recibir de la mano del corresponsal de El País Daniel Verdú un informe pormenorizado con la documentación que acredita los abusos a menores perpetrados en el seno de la Iglesia española, ordenaba su investigación a la Congregación para la Doctrina de la Fe, trasladándoselo al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella.

El dosier, de 385 páginas, recoge los casos desde el año 1943, en el que se añaden 251 nuevos, nunca antes denunciados, hasta 2018 –fecha en la que consta la última– y de los cuales un total de 220 habrían ocurrido en las últimas dos décadas. Los nuevos casos documentados podrían aumentar la cifra de víctimas oficiales a 1.237, sin embargo, El País ha acreditado que, tan solo con los testimonios recogidos, los abusos inéditos podrían contarse por miles.

Estos alcanzan a 31 diócesis y 31 congregaciones religiosas por lo que, debido a la magnitud, Roma sería la encargada de supervisar la investigación pero que, sin embargo, se ha visto contradicha por las negativas y obstáculos que está interponiendo el obispado español.

La institución española estaría actuando en contra de las reglas canónicas –en las que establece el estricto plazo de 90 días para el proceso de investigación–, lo que estaría abriendo una brecha con el Papa, quien el pasado mes de diciembre expresaba ya “vergüenza” por la incapacidad de la Iglesia ante los abusos.

No solo interpela a las víctimas, sino al conjunto de la ciudadanía”, reflexiona Asens. “No es una cuestión de católicos o no católicos, es una cuestión de democracia y de transparencia”, asegura como “motivo suficiente” para su apertura.

Fuente:laultimahora.es