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Un trágala es el hecho de obligar a alguien a aceptar algo a la fuerza. Algo así pasó con buena parte del “pueblo español” y la Constitución de 1978, la norma que culminó el “de la ley” –las Leyes Fundamentales del franquismo– “a la ley” –la propia Constitución del régimen del 78– “a través de la ley” –la Ley para la Reforma Política de la Transición– y de cuya ratificación mediante referéndum se cumplen este lunes 43 años.
El relato oficial del régimen del 78 dibuja una Transición “pacífica y modélica”, pero lo cierto es que no fue ni lo uno ni lo otro. Hubo muchas muertes violentas –la mayoría de las provocadas por grupos ultraderechistas y fuerzas policiales han quedado impunes–, y los dos pilares de la Constitución de 1978 –la monarquía (y dinastía) borbónica, restaurada por el general golpista Francisco Franco a su muerte en 1975, y la “indisoluble unidad de la Nación española”, en la que “se fundamenta” el propio texto constitucional, un caso único en el mundo– fueron eso: un trágala.
¿Podría haber sido de otra forma?
Es posible, porque que el franquismo no podría sobrevivir a Franco –pues la oligarquía que venía sosteniéndolo necesitaba un régimen adaptado a los estándares ‘democráticos’ del capitalismo europeo– lo sabía hasta el propio Franco:
“Yo le decía «pero mi general, ¿por qué no abre un poco…?». Y él me decía «eso tendrá que hacerlo usted, yo no; yo no lo puedo hacer, yo no puedo cambiar»”. “«Eso tendrá que hacerlo usted»”. Son palabras de Franco reveladas públicamente por Juan Carlos de Borbón, el hombre al que Franco nombró su sucesor en la Jefatura del Estado –a la que él había accedido tras un golpe de Estado apoyado por los nazis alemanes de Adolf Hitler y los fascistas italianos de Benito Mussolini– en 1969. El hombre en cuya persona el propio Franco restauró la monarquía (y dinastía) borbónica a su muerte en 1975. El jefe del Estado español desde aquel 1975 hasta su abdicación en 2014. El padre del actual jefe del Estado, Felipe VI.
Quizás podría haber sido de otra forma: el debate entre ruptura (con el franquismo) y reforma (del franquismo) abierto en la Transición podría haber acabado en una ruptura con el franquismo, pero acabó en una reforma del franquismo: “De la ley a la ley, a través de la ley”, en palabras de Torcuato Fernández-Miranda, prócer del franquismo (“de la ley”), del régimen del 78 (“a la ley”) y de la Transición (“a través de la ley”).
En su testamento político –leído por Carlos Arias Navarro, a quien Juan Carlos I acabaría nombrando marqués, como al propio Fernández-Miranda–, Franco encerró sus ‘mandamientos’ en dos: “os pido que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido” y “mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria”.
Sólo tres años después, la Constitución de 1978 establecía que “el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia” y que “la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica”, y que el propio texto constitucional “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Vigiladas de cerca por Juan Carlos I pero sobre todo por la CIA, cuatro formaciones de ámbito estatal fueron claves para establecer el pacto constitucional del 78, que originó la Constitución de 1978 y con ella el régimen del 78: la UCD de Adolfo Suárez, el PSOE de Felipe González, el PCE de Santiago Carrillo y la AP de Manuel Fraga, aunque la mitad de esta última no respaldó ni el pacto ni la propia Constitución.
Suárez y Fraga habían sido dos capitostes franquistas, y González había tomado el control del PSOE en el congreso de Suresnes, adonde sus colaboradores más estrechos y él mismo llegaron –con Franco aún vivo– con pasaportes facilitados por el Gobierno franquista y escoltados por oficiales del SECED; el general español Manuel Fernández-Monzón, principal enlace entre el SECED y la CIA, ha reconocido que en Suresnes había más policías y agentes secretos españoles que militantes del PSOE, así como que González es quien mejor comprendió la Transición y su mejor producto, pues sabía cómo se estaban haciendo las cosas y estaba de acuerdo con ellas, empezando por que no tuvo ninguna duda sobre que había que mantener la monarquía que Franco había ordenado restaurar a su muerte. De hecho, de los siete presidentes del Gobierno con los que Juan Carlos I ha compartido reinado –Carlos Arias Navarro, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy–, con ninguno se ha entendido tan bien y sobre todo ha acabado tan bien como con González, que lo defiende abiertamente incluso a día de hoy, con todo lo que ya se sabe.
En cuanto al PCE, en 1996 –es decir 18 años después del pacto constitucional del 78– su entonces secretario general, Julio Anguita, y el Comité Central que lideraba desvincularon al partido de aquel pacto, porque mientras que el PCE había cumplido su parte –empezando por asumir la monarquía borbónica y la “indisoluble unidad de la Nación española”, plasmadas en la bandera rojigualda, que también asumió, renunciando a la tricolor republicana–, los “poderes económicos, fuerzas políticas, grupos sociales y colectivos enquistados en los aparatos de Estado con prácticas anticonstitucionales vienen vaciando de contenido el Estado social y democrático de derecho”.
En la misma línea, el secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática de Podemos, Rafa Mayoral, ha insistido esta semana en la necesidad de diferenciar entre el pacto del 78 y el régimen del 78, al que ha calificado de “dispositivo político que pone en cuestión y socava los acuerdos que permitieron el propio pacto constitucional del 78”. Mayoral ha destacado que, como resultado de la “batalla que se dio en aquel momento”, el pacto del 78 estableció que la mayoría social “se come al rey, les perdona los pecados a los cómplices de la dictadura y les permite seguir participando de la estructura del Estado, no toca la parte dura del Estado…” y a cambio le son reconocidas “libertades públicas y derechos económicos, sociales y culturales”. En la Constitución de 1978 la «indisoluble unidad de la Nación española» aparece “condicionada al derecho al autogobierno y al reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro pueblo y del Estado”, ha añadido en el mismo sentido. “Hay un planteamiento oligárquico de ruptura del acuerdo constitucional, de desmontaje pieza a pieza de ese acuerdo constitucional”, ha insistido el dirigente de Podemos, que ha recordado que fue precisamente Anguita la primera persona que planteó, ya en 1996, que el pacto constitucional del 78 está roto.
En la misma línea, el secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática de Podemos, Rafa Mayoral, ha insistido esta semana en la necesidad de diferenciar entre el pacto del 78 y el régimen del 78, al que ha calificado de “dispositivo político que pone en cuestión y socava los acuerdos que permitieron el propio pacto constitucional del 78”. Mayoral ha destacado que, como resultado de la “batalla que se dio en aquel momento”, el pacto del 78 estableció que la mayoría social “se come al rey, les perdona los pecados a los cómplices de la dictadura y les permite seguir participando de la estructura del Estado, no toca la parte dura del Estado…” y a cambio le son reconocidas “libertades públicas y derechos económicos, sociales y culturales”. En la Constitución de 1978 la «indisoluble unidad de la Nación española» aparece “condicionada al derecho al autogobierno y al reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro pueblo y del Estado”, ha añadido en el mismo sentido oligárquico de ruptura del acuerdo constitucional, de desmontaje pieza a pieza de ese acuerdo constitucional”, ha insistido el dirigente de Podemos, que ha recordado que fue precisamente Anguita la primera persona que planteó, ya en 1996, que el pacto constitucional del 78 está roto.
En cualquier caso, la Constitución de 1978 sigue vigente y el relato oficial sigue narrando una Transición “pacífica y modélica” –aunque registrara cientos de muertes violentas y aunque permitiera a los poderes económico, militar, judicial, policial y mediático e incluso al grueso del poder político transitar del franquismo al régimen del 78 prácticamente sin despeinarse– y un régimen del 78 “plenamente democrático”.
Desde sus comienzos hasta la abdicación de Juan Carlos I en 2014, el régimen del 78 se caracterizó por el turnismo bipartidista de PP –refundación de AP con los restos de UCD– y PSOE. Así fue hasta que Unidas Podemos –formación liderada por Podemos pero que integra también al PCE– logró acceder al Gobierno del Estado tras las generales de noviembre de 2019, rompiendo una cláusula de exclusión histórica vigente durante todo el régimen del 78 y poniendo en marcha el primer Gobierno de coalición de ámbito estatal desde la II República.
Anguita solía decir que el PCE de Carrillo quizás no tuvo más remedio que hacer lo que hizo en la Transición –le gustaba subrayar el “quizás”, porque él ya fue crítico entonces y tenía “más que dudas” a ese respecto–, pero consideraba que el error más grave de su partido no fue hacer lo que hizo en la Transición sino asumir durante casi dos décadas –precisamente hasta 1996– el relato oficial de una Transición «pacífica y modélica» y de un régimen del 78 «plenamente democrático», es decir el relato que ha servido al propio régimen para legitimarse. “La izquierda tiene que decir «miren ustedes, no hemos podido hacer otra cosa, pero no estoy de acuerdo», y en el primer momento en el que no se cumplió, hubo que haber roto y haber movilizado a la gente” eran sus palabras.
Dos grandes hitos han jalonado la trayectoria de la izquierda institucional de ámbito estatal en el régimen del 78. El primero lo protagonizó el propio Anguita precisamente cuando desvinculó al PCE del pacto del 78, aunque esa desvinculación acabara siendo más simbólica –que, por otra parte, no es poco– que real, sobre todo desde la salida de Anguita de la Secretaría General del PCE en 1998 hasta la fundación de Podemos en 2014. Y el segundo lo protagonizó Pablo Iglesias cuando llevó a Unidas Podemos –contra casi todo y contra casi todos, incluidos los principales poderes del régimen, y muy especialmente el mediático– al Gobierno, rompiendo la cláusula de exclusión histórica que impedía a eso que llaman “los comunistas” acceder al Ejecutivo e interrumpiendo así, por primera vez en todo el régimen del 78, el turnismo bipartidista de gobiernos monocolores que –funcionando prácticamente al unísono, con la monarquía (y dinastía) borbónica restaurada por Franco– permitió mantener el relato oficial de la Transición “pacífica y modélica” y del régimen del 78 “plenamente democrático”.
El 28 de noviembre de 1978 –es decir apenas una semana antes de la celebración del referéndum de ratificación de la Constitución de 1978–, 23 miembros de la Junta Promotora del Tribunal Cívico Internacional contra los crímenes del franquismo eran detenidos en el madrileño Hotel Convención, donde celebraban una reunión que la Policía del entonces ministro del Interior Rodolfo Martín Villa –uno de los políticos que transitaron del franquismo al régimen del 78 (en su caso, de FET y de las JONS al PP, pasando por la UCD), prácticamente sin despeinarse– interrumpió dos horas después de comenzada, arrestando a los 23 participantes en la misma.
Y es que precisamente sobre los cadáveres de las víctimas de franquismo –muchos de los cuales siguen apilados en cunetas ocho décadas después de su ejecución– se levantó el “plenamente democrático” régimen del 78 producto de la “pacífica y modélica” Transición. Por eso algunos sitúan el final del “consenso” –aunque cueste hablar de “consenso” cuando se trata de un trágala– prácticamente a medio camino entre aquel 1996 de Anguita y este 2019 de Iglesias: en 2007, cuando –presidiendo el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, nieto del capitán del Ejército de la II República Juan Rodríguez Lozano, fusilado por los franquistas en 1936 por haberse mantenido leal al Gobierno legítimo– fue aprobada la primera Ley de Memoria Histórica, por otra parte más simbólica que real. Pero, aun así, habrase visto tamaña afrenta –dicen los herederos más directos del franquismo–, habiéndose pactado también en 1978 –como se pactó, o al menos así lo sostienen esos franquistas y neofranquistas– el silencio de todos y sobre todo la impunidad de los criminales.
Quienes –según la denuncia de Anguita o de Mayoral– rompieron el pacto del 78 no sólo niegan haberlo roto, sino que además son ellos quienes dicen sentirse traicionados por parte del PSOE, o por una parte del PSOE, y por “los comunistas”. De ahí, una (ultra)derecha –por supuesto, netamente monárquica y españolista– cada día más desbocada.
Fuente:laultimahora.es
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