Unidas Podemos da un paso adelante y registra una proposición de ley para crear una empresa pública de energia

Análisis 03 de septiembre de 2021 Por Albacete al dia

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Una futura empresa pública de energía se abre paso en España, y es que cada vez más sectores son conscientes de que no basta con sancionar a las empresas del oligopolio –encabezado por Endesa, Iberdrola y Naturgy, tres de las 35 empresas del IBEX 35– que controla el mercado eléctrico español y de que ni siquiera bastaría con acabar con la corrupción legal de las puertas giratorias que a tantos políticos del PSOE y del PP ha sentado en los consejos de administración de esas empresas.

Se ha demostrado que lo de que la privatización y liberalización del sector eléctrico –un sector estratégico– iniciada por el Gobierno de Felipe González (PSOE), culminada por el de José María Aznar (PP) y jaleada entonces por presuntos expertos en los principales medios de comunicación bajaría la factura de la luz es falso. Y es que no sólo no la ha bajado, sino que la ha desorbitado, hasta el punto de que el precio del MWh (megavatio-hora) cumple este jueves cuatro días consecutivos batiendo récords históricos.

Se ha demostrado así que el tantas veces repetido mantra de que la privatización y liberalización de un sector introduce “eficiencia” en ese sector también es falso. Eso sí, Endesa, Iberdrola y Naturgy han acumulado beneficios estratosféricos –3.160 millones de euros– en los seis primeros semestres de este año 2021. Y es que a algunos sí les ha ido bien con la privatización y liberalización del sector eléctrico: a Endesa, Iberdrola y Naturgy, cuyo objetivo no es otro que maximizar beneficios. Y efectivamente lo logra, gracias a un mercado eléctrico como el español, donde el MWh producido por algunas tecnologías se paga muy por encima de su precio de coste. Producir un MWh a través de energía hidráulica en España cuesta unos 20 euros, pero todos los MWh producidos en España –a través de cualquier energía, incluida la hidráulica– se están pagando este jueves a 140 euros. Así se explica lo desorbitado de la factura de la luz y los estratosféricos beneficios del oligopolio eléctrico, a pesar de que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, según establece el artículo 128 de la Constitución vigente.

El 70% de Endesa es propiedad de la eléctrica italiana Enel, cuyo principal accionista es el Estado italiano. Los principales accionistas de Iberdrola son el Estado de Catar, el fondo de inversión estadounidense BlackRock, el Banco de Noruega y el banco Kutxabank. Los principales accionistas de Naturgy son la empresa que gestiona el patrimonio de la Fundación ‘la Caixa’ –principal accionista del banco CaixaBank–, una instrumental participada por el fondo de inversión estadounidense CVC y por la familia March –propietaria de la Banca March– y el fondo de inversión estadounidense GIP.

Cada vez más sectores son conscientes de que no es cuestión de “empatía” –como piden desde el PSOE, la parte mayoritaria del Gobierno de coalición– y de que sólo a través de una empresa pública –que por definición se debe a todos, y no sólo a unos pocos– de energía se puede hacer bajar la desorbitada factura de la luz y también garantizar la cada día más urgente transición energética hacia un modelo sostenible. Una empresa pública de energía capaz al menos de competir de igual a igual con las privadas y pararle los pies al oligopolio que hoy controla el mercado eléctrico español. Cada vez más sectores son conscientes de que la sociedad debe recuperar lo que era suyo y le fue arrebatado.

Por todo ello, Unidas Podemos –la parte minoritaria del actual Gobierno de coalición– ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía que por otra parte no constituiría ninguna excepción en el mundo; es más, en los Estados del entorno es la regla.

Francia, Austria, Suecia, Estados Unidos, Irlanda...

Durante la presentación en rueda de prensa de la proposición de ley, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado este jueves que, en Francia, EDF (Électricité de France), “la primera eléctrica del país, la primera eléctrica de Europa y la tercera eléctrica mundial”, es propiedad del Estado francés “en un 84%”; que las eléctricas Verbund, en Austria, o Vattenfall, en Suecia, también son “mayoritariamente públicas”; que Tennessee Valley Authority, “la sexta mayor proveedora de energía de Estados Unidos”, también es “mayoritariamente pública”, o que, en Irlanda, “la empresa estatal ESB (Electricity Supply Board) provee al 37% del mercado irlandés”. “De hecho, 33 de las 51 eléctricas más grandes del mundo son de control estatal”, ha apuntado Echenique, que ha destacado que en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) la participación de los Estados en el accionariado de las eléctricas es del 40% de media, y en España –que “tiene el segundo mercado eléctrico más privatizado de la OCDE”, sólo por detrás de Portugal– es de un 5%.

“En España ya hubo una empresa pública: Endesa, que –antes de que los gobiernos de Felipe González y José María Aznar la privatizaran– era propiedad del Estado español en un 95%. Desde el año 2009, el Estado español no tiene nada, el 0% del accionariado de Endesa. Y solamente en 2020 Endesa repartió casi 1.400 millones de euros en dividendos. Esto, si Endesa siguiera siendo pública –como lo era antes de 2009–, habrían sido ingresos del Estado que se habrían podido destinar a la sanidad, a la educación o a la ley de dependencia”, ha añadido Echenique.

En la misma rueda de prensa, el portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, ha explicado las líneas básicas de la proposición de ley y de la empresa pública de energía –que se denominaría “Producción Energética Española”, según ha avanzado–, una propuesta que “tiene que ver con la actual crisis de los precios” pero que “también es de fondo y estructural”, es decir que “trasciende el momento actual”.

Uralde ha destacado que la empresa pública se encargaría de la “gestión del dominio público hidráulico en lo que a la producción eléctrica se refiere” –“asumiendo las concesiones una vez que se produzca su extinción, independientemente de la causa que concurra”–, de “posibles iniciativas para la creación de nuevas plantas de generación energética a base de energías renovables” y también de “actuar como una empresa comercializadora de energía o llegar a acuerdos con otras comercializadoras”. “Uno de los papeles fundamentales de la energía hidráulica en la transición energética es su capacidad para almacenar energía, por eso uno de los objetivos principales de esta proposición de ley es instituir ese papel como elemento central de la gestión del dominio público hidráulico mediante la asignación al operador del sistema eléctrico de la tarea de establecer una estrategia de bombeos y turbinados destinada a maximizar la generación renovable”, ha añadido.

La factura de la luz sigue desorbitada, el oligopolio eléctrico sigue embolsándose beneficios estratosféricos y el PSOE –que al menos por el momento rechaza las medidas que Unidas Podemos le ha propuesto para bajar la factura de la luz de forma inmediata: fijar los precios del MWh producido a través de las energías nuclear e hidráulica– sigue pidiendo “empatía” a Endesa, Iberdrola y Naturgy. “Nosotros entendemos que hay que actuar y que no hacer nada no es una opción”, ha advertido este jueves Uralde.

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