Una semana después de lograr desbloquear la tramitación de la Ley Trans garantizando la autodeterminación, el Ministerio de Igualdad proyecta en el Consejo de Ministros del próximo martes su próximo objetivo: aprobar la Ley de Libertad Sexual en segunda vuelta. La norma será debatida previsiblemente en septiembre en el Congreso de los Diputados.

Después de diez años desde la Ley del aborto  y dieciséis desde la ultima legislación LEGTBI (cuando se garantizó en nuestro país el matrimonio igualitario), la ministra Irene Montero y el equipo de Igualdad, al paso que van marcando las demandas del movimiento feminista, están liderando una nueva ola de derechos feministas llamada a marcar una época como lo hicieran en su día las leyes del Gobierno de Zapatero de Igualdad, aborto e identidad de género.

TODAS LAS VIOLENCIAS

El 7 de julio se cumple el décimo tercer aniversario del feminicidio sexual de Nagore Laffage. Es también una fecha señalada por la agresión a la víctima de la Manada. La Ley de Libertad Sexual pretende recoger estos gritos del movimiento feminista resumidos en las que ya son consignas del movimiento como “no es abuso, es violación”, “hermana yo sí te creo” o “solo sí es sí”.

De esta forma, el Gobierno de España no solo estará cumpliendo con el Convenio de Estambul sino que se sitúa con esta ley a la vanguardia de Europa en la garantía de la defensa de los derechos de las mujeres. Una norma con una clara perspectiva feminista y de derechos humanos y con un mensaje claro: Todas las violencias machistas contra las mujeres por el mero hecho de serlo deben ser erradicadas.

CONSENTIMIENTO

Una de las modificaciones planteadas por Igualdad tiene que ver con la definición del consentimiento. Será una definición "en positivo" en vez de en base a negaciones, como ocurría hasta ahora.

En línea con el convenio de Estambul en su artículo 36.2: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

El modelo Yes Model, ya ha sido acogido por otros países como Suecia o Gran Bretaña. Cuando entre en vigor la ley, las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia. Todo acto sexual sin consentimiento será agresión lo que significa que se eliminan los abusos sexuales del Código Penal.

CLAVES DE LA LEY.

Se trata de una ley feminista con enfoque de derechos humanos que protegerá a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad. Bajo su paraguas estarán también las víctimas de trata y explotación sexual.

La Ley persigue la erradicación de todas las formas de explotación sexual, terminando con la impunidad de la industria del sexo al incorporar la tercería locativa. De esta manera se perseguirá a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas. Se responde así a las recomendaciones internacionales y a lo que demanda el movimiento feminista que pide legislar contra la impunidad absoluta de la industria proxeneta con la explotación sexual de mujeres y niñas en nuestro país.

Con esta norma en vigor también se evitará la  revictimización, desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales.

Las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien. En el caso de ser mayores de 16 años podrán acceder Centros de crisis 24 horas y, en caso de niños y niñas, la atención será especializada a través del desarrollo de las casas de infancia o Barnhaus.

El equipo de Igualdad asegura a este medio que "se trata de una deuda que tenemos con ellas como Estado".

EL MINISTERIO DE "TODAS LAS MUJERES"

Montero tomaba posesión de su cargo tan solo un mes antes del estallido de la pandemia y su aparejada crisis económica. La situación excepcional de confinamiento obligó al equipo de Igualdad a tomar decisiones urgentes para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género elaborando un Plan de Contingencia contra la Violencia de Género que entre otras cosas obligó a declarar como servicios esenciales todos los relacionados con la asistencia integral a las víctimas de violencia contra las mujeres así como la puesta en marcha de un nuevo recurso de emergencia para las mujeres en situación de violencia de género, que posibilitó el envío de un mensaje de alerta por mensajería instantánea con geolocalización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En marzo de 2021 el Ministerio puso en marcha el Plan Corresponsables: una política semilla hacia un sistema estatal de cuidados con una partida presupuestaria de 200 millones de euros para garantizar la conciliación y el cuidado de los menores de 14 años en las familias con menos recursos

También en marzo de este año, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell anunciaba la ampliación del servicio 016 para ofrecer información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia contra las mujeres.

En la línea de continuar la protección a todas las víctimas de todas las violencias, el Ministerio anunciaba en junio de este año la creación de Centros de Atención 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual en nuestro país.

Con la luz verde para la tramitación de las leyes Trans y la ley de libertad sexual, el equipo de Montero se va a septiembre con los deberes hechos tras un año y medio atravesado por una pandemia, una crisis y los alarmantes datos desde que tenemos contabilidad oficial de los asesinatos por violencia machista.

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