Da igual lo que diga Carmen Calvo habrá Ley Trans y LGTBI

La   ley para la igualdad efectiva de las personas trans y la igualdad LGTBI está en vísperas de ser una realidad. Tras más de seis meses de bloqueo y resistencias por parte del PSOE, la norma incluirá el derecho al cambio de sexo y nombre sin necesidad de testigos, pruebas o informes médicos y/o psicológicos en un plazo máximo de cuatro meses.

La norma cuenta con el aval de las organizaciones referentes en la defensa de los derechos LGTBI como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo o Plataforma Trans que llevan años abogando por la autodeterminación del género, que no es más que despatologizar las realidades trans.

Mediante la fórmula de la doble comparecencia toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral del sexo. En una primera comparecencia en el Registro Civil, la persona interesada deberá expresar su intención firme de modificar el sexo que figura en el registro y en el plazo máximo de tres meses deberá ser citada para comparecer nuevamente y ratificar su solicitud ante la autoridad registral alegando “persistencia de su decisión”.

En el plazo de un mes se dictará resolución y el cambio de nombre y sexo será efectivo, según indica el anteproyecto de ley que este próximo martes será aprobado en Consejo de Ministros y que, una vez que haya terminado el trámite parlamentario, un año aproximadamente, se convertirá en ley, situando a España en la vanguardia mundial de la inclusión de las vidas trans.

La propuesta de la doble declaración en el Registro Civil fue enviada por el Ministerio de Igualdad al de Justicia el pasado dos de junio y, tras semanas de contactos y negociaciones, fue remitida al Consejo de Ministros para su aprobación este martes.

RESISTENCIAS DEL PSOE

La resistencia del PSOE desde que se conociera el primer borrador de la ley, liderada por la vicepresidenta primera Carmen Calvo, se basaba en la negativa a que el cambio de sexo se llevara a cabo únicamente con la mera voluntad de la persona.

En un primer momento, los socialistas consideraron que permitir el cambio de sexo legal sin acreditación psicológica o psiquiátrica carecía de “seguridad jurídica”, llegando incluso a enviar una propuesta de reforma del borrador elaborado por el departamento de Irene Montero para que se incluyera la obligatoriedad de aportar informes médicos y testigos como pruebas para acreditar el género vivido por la persona interesada en rectificar su registro censal, a lo que ni accedió el Ministerio de Igualdad ni los colectivos LGTBI que acusaron de transfobia al PSOE e incluso amenazaron con expulsarlos de las manifestaciones del Orgullo.

LA TENACIDAD DE IGUALDAD Y LA FORTALEZA DE LOS COLECTIVOS

 A lo que sí accedió Irene Montero fue a la propuesta del PSOE de fusionar en una sola norma las leyes trans y de igualdad LGTBI a cambio de no ceder ni un ápice en el apartado de la autodeterminación del género, medida que también estuvo avalada por la FELGTB y Fundación Triángulo, quienes llevan meses reuniéndose con el PSOE y el Ministerio de Igualdad, en privado y sin filtrar información a los medios de comunicación, para facilitar el consenso y que finalmente se garantice la autodeterminación de género en la norma que este martes recibirá la luz verde en el Consejo de Ministros.

Finalmente, las reuniones de la FELGTB y Fundación Triángulo con el PSOE, que en alguna ocasión han terminado con las entidades levantándose de la mesa por la inflexibilidad de los socialistas, se ha saldado con la rectificación del PSOE, entre otras cosas porque las entidades han ido aumentado su presión mediática y amenazas de expulsar a los socialistas de los espacios LGTBI, medida de un alto coste político que situaría al PSOE junto con PP, Vox y Ciudadanos.

La amenaza de las entidades organizadoras del Orgullo de Madrid de expulsar a los socialistas ha acelerado las negociaciones y obligado al PSOE a ceder. En palabras de la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé: "Que el PSOE se abstenga de participar en el Orgullo y que suelte la bandera LGTBI". La activista pronunció estas palabras desde la escalinata del Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo cuando la Ley quedó encallada en el Congreso por culpa  del voto del PSOE.

En el fondo del debate se encuentra el intento del viejo feminismo institucional, cuyas máxima artífices son militantes del PSOE, por confrontar por intereses partidistas con el nuevo feminismo popular y el Ministerio de Igualdad que, por primera vez, está liderado por un partido que no es el PSOE.

La ley que se va a aprobar este martes guarda la misma esencia que las doce leyes trans aprobadas ya en diferentes comunidades autónomas y que incluso fueron impulsadas por el PSOE.

El PSOE ahora se tendrá que enfrentar a un sector del feminismo que ha sido impulsado por la propia Carmen Calvo, quien incluso llegó a elaborar un argumentario transfóbico contra la teoría queer, y que está lleno de destacadas feministas con carnet del PSOE.

EL ESTADO EN LÍNEA CON LOS REQUERIMIENTOS DE EUROPA

La  Comisión Europea que pide a sus estados miembros procesos basados en la autodeterminación como "método para acceder al reconocimiento legal del género" basado en "la afirmación legal o notarial sin más requerimientos".

En nuestro país son ya 12 las comunidades autónomas que han legislado en favor de la autodeterminación de género, el último caso el de Canarias que dio luz verde a la Ley Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales con el apoyo de todos los grupos parlamentarios incluyendo el PSOE y el Partido Popular.

Montero se comprometió en mayo desde la tribuna del Congreso de los Diputados a legislar la autodeterminación del género y aseguró que era una "tarea ineludible" llegar al Orgullo de 2021 con ese texto aprobado.

LOS RETOS DE LA FORMACIÓN MORADA TRAS LA IV ASAMBLEA

Con la aprobación de esta ley en el Consejo de Ministros, Podemos ha arrancado su nueva etapa tras la Asamblea Ciudadana consiguiendo dos de sus objetivos marcados como prioritarios: la aprobación de la nueva Ley Trans y la bajada del IVA de la luz al 10%, aunque en este caso no de forma permanente como reclamaba.

Mientras, las discrepancias con el PSOE respecto a la Ley de Vivienda aún persisten a la hora de cerrar la regulación de los precios del alquiler.

Son las tres materias señaladas por la nueva secretaria general, Ione Belarra, como aspectos que centraba en el plano inmediato a la hora de redoblar su acción política.

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