PP Y VOX ni dejan vivir dignamente ni tampoco morir, ahora recurren la Ley de Eutanasia

El derecho a morir dignamente forma parte del derecho a vivir dignamente –el momento de la muerte forma parte de la vida–, por eso es completamente lógico que quienes impiden a las clases populares vivir dignamente –recortando sus derechos, sus salarios, sus pensiones, su sanidad o su educación– pretendan impedirles también morir dignamente. Por eso el PP se ha unido a Vox y este jueves ha recurrido la Ley de Eutanasia ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de echarla abajo o al menos desgastar al Gobierno de coalición mientras llega una sentencia que podría demorarse –acostumbran a hacerlo– pero que, paradójicamente y al sentar doctrina constitucional, podría acabar reforzando el derecho a la eutanasia.

El pasado 18 de marzo, el Congreso legalizaba la eutanasia al aprobar definitivamente, con una amplia mayoría, la Ley de Eutanasia que permitirá que las personas con una “enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable” puedan solicitar ayuda médica para morir. Con 202 votos a favor y los únicos votos en contra de PP, Vox, UPN y Foro Asturias, la ley salía adelante entre recuerdos al doctor Luis Montes, a Ramona Maneiro y Ramón Sampedro o a Ángel Hernández y María José Carrasco, personas sin cuya lucha no habría sido posible alcanzar este hito. Mientras, activistas por el derecho a morir dignamente y familiares de la propia María José Carrasco, de Maribel Tellaetxe o de Luis de Marcos celebraban frente al Congreso la aprobación de una ley histórica que permitirá a otras personas evitar el sufrimiento que padecieron sus seres queridos.

España se convertía así en el séptimo Estado del mundo en legalizar la eutanasia, por detrás de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda –aunque la ley neozelandesa de eutanasia, ya aprobada, no entrará en vigor hasta el próximo mes de noviembre– y Colombia, donde no se ha aprobado una ley de eutanasia pero el derecho a morir dignamente ha sido reconocido por su Tribunal Constitucional.

La ley española de eutanasia entrará en vigor este viernes, pero PP y Vox ya la han recurrido ante el Tribunal Constitucional. El partido ultraderechista que preside Santiago Abascal lo hizo el pasado día 16, y el partido fundado por siete capitostes franquistas que preside Pablo Casado lo ha hecho este jueves.

Los obispos, también en contra

También está en contra de la Ley de Eutanasia la Conferencia Episcopal Española, por eso su secretario general y portavoz, Luis Argüello –obispo auxiliar de Valladolid–, ha considerado –en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de los obispos celebrada este jueves en Madrid– “una mala noticia” su entrada en vigor y ha confiado en “que crezca en España un movimiento fuerte de promoción de la defensa de la vida y de los cuidados paliativos”. Además, Argüello ha pedido “que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios y la decisión de entidades en cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran: «Este es un lugar donde se ponen por delante los cuidados, una zona libre de eutanasia»”, en referencia a hospitales y residencias de la Iglesia católica.  Como la propia Conferencia Episcopal Española, el PP y Vox suelen defender sus posiciones apelando a conceptos como el de vida o el de libertad, pero cuando se trata de las clases populares y de que estas puedan ejercer su libertad para vivir dignamente –lo que incluye morir dignamente, pues el momento de la muerte forma parte de la vida– en general o para morir dignamente en particular todo son pegas y trabas, también en forma de recursos ante el Tribunal Constitucional.  Derecha y ultraderecha se opusieron a las leyes del divorcio, a las leyes del aborto, a la Ley del Matrimonio Igualitario… y ahora se oponen a una Ley de Eutanasia aprobada con el voto a favor de más de 200 de los 350 diputados del Congreso. Nadie los obligó ni va a obligarlos a divorciarse, ni a abortar, ni a casarse con personas de su mismo sexo, como nadie va a obligarlos a recurrir a la eutanasia para morir dignamente. Sin embargo, ellos sí pretendieron o pretenden obligar a no hacerlo, y paradójicamente en el nombre de la libertad. Lo que está detrás de todo es su obsesión por controlar la vida y la muerte de las clases populares para que quienes carecen de determinado nivel económico y social no puedan abortar en condiciones o recurrir a la eutanasia en condiciones. Pero numerosos avances sociales han acabado abriéndose paso a pesar de ellos, y muy probablemente el derecho a la eutanasia también lo haga.

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