12º Congreso de CCOO de Catalunya: El sindicato también tiene un lado oscuro

Antes de entrar en valoraciones de su transcurso y resultados, conviene informar de algunos datos. La CONC es el primer sindicato de Catalunya, tanto por afiliación como por representatividad en las elecciones sindicales. A pesar de ello, su afiliación, 146.000 personas, supone sólo el 5,2% de los 2.812 millones de trabajadores/as asalariadas de Catalunya, sin contar las 480.000 personas en paro. La baja tasa de afiliación, tanto en Catalunya como en el conjunto del Reino de España, es un mal endémico que lastra la influencia sindical en asuntos sociales de interés global, más allá de su imprescindible papel en las empresas y sectores.

Otro dato es la insistencia en el papel central de la concertación social, los acuerdos con gobiernos y/o patronales, insistencia que se mantiene a pesar de dos evidencias: una, el carácter más que pobre de los resultados de practicarla a lo largo de 40 años; la otra, el olvido, particularmente incomprensible para un sindicato, de que las negociaciones con agentes que se oponen seriamente a muchas de las propuestas sindicales, requieren de cierto nivel de movilización para que vayan más allá de una lista de peticiones. Sin ejercer el conflicto, difícilmente obtiene el movimiento obrero resultados aceptables.

Un tercer dato es la negativa a asumir propuestas que partan de un enfoque diferente al intentado en los siglos XIX y XX para hacer frente a los problemas de la pobreza, la desigualdad y la precariedad. Es paradigmático que, por ejemplo, aunque haya un acuerdo de Govern en Catalunya, el firmado por ERC y CUP, que incluye poner en marcha una prueba piloto sobre la renta básica universal, aunque se hayan presentado aportaciones durante el debate congresual para que el sindicato contemple esta medida, ni siquiera sea mencionada en los documentos aprobados. Se vuelve a insistir en medidas que no han servido, sirven ni servirán para resolver los problemas enunciados: en conjunto, las rentas condicionadas para muy, muy pobres (que han de demostrar que lo son).

Más de un año de pandemia no ha ayudado, obviamente, a mejorar la situación. De hecho, el propio Congreso ha sido una muestra simbólica de sus efectos negativos para la actividad y la organización social: de 650 delegadas/os convocados, se acreditaron 608, el 93,5%. Jamás había habido tantas ausencias en un Congreso de la CONC; en los niveles previos, por federaciones y territorios, el porcentaje de ausencias fue aún mayor.

Pero, más allá de intentar preparar el sindicato para la situación de múltiples crisis que sufrimos (social, climática, sanitaria, democrática, etc.), ha habido un tema que ha centrado el debate: la lucha por la autodeterminación de Catalunya y contra la represión que dicha lucha ha generado por parte de los diversos poderes del Estado.

El punto de partida era (más bien, tendría que haber sido) la resolución aprobada por casi unanimidad en el Congreso anterior, de abril de 2017. En ella, se decía que CCOO “nos comprometemos a ser parte activa a favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación que reclama de forma mayoritaria la ciudadanía de Catalunya”, añadiendo que el referéndum sería “un ejercicio de democracia que se ha de poder celebrar en condiciones de plena normalidad como en Escocia o el Quebec”.

Desde abril de 2017 han pasado muchas cosas en Catalunya. Desde el referéndum del 1 de octubre, en el que, bajo las cargas y porras de la brutalidad policial, participaron más de 2,25 millones de personas (177.000 de las cuales votaron no), hasta la sentencia condenando a décadas de cárcel a diversos líderes políticos y activistas sociales, pasando por el encausamiento penal o sanción a más de 3.000 personas (por colaborar en el referéndum, por participar en huelgas y manifestaciones, etc.) o la continua injerencia del poder judicial en las actividades y decisiones del Parlament de Catalunya, en una muestra más de que el Estado profundo, el alma del régimen del 78, ni entiende ni acepta un funcionamiento democrático normal.

CCOO de Catalunya criticó el encarcelamiento y la condena de los presos políticos, incluso participó en una manifestación por su libertad, en abril de 2018. Pero en este período, CCOO se ha distinguido por su falta de implicación en numerosas movilizaciones, incluso algunas de carácter estrictamente antirepresivo (como fue el caso, quizás el más doloroso para buena parte de su afiliación, de su ausencia en la gran manifestación unitaria contra la sentencia del procés, en octubre de 2019. La dirección de la CONC ha estado guiada por el criterio de que no se la pudiera acusar de connivencia con el independentismo, ni siquiera cuando se trataba, simplemente, de hacer causa común con todas las fuerza defensoras de los derechos y libertades fundamentales, que han sido conculcados de forma reiterada y contumaz por el Estado monárquico.

Algunos datos más pueden ayudar a entender mejor el porqué de la elección de este criterio. Porque CCOO es un sindicato independiente de cualquier partido político, sí, pero... Su anterior secretario general, Joan Carles Gallego, es actualmente diputado en el Parlament por Iniciativa per Catalunya (ahora denominada Esquerra Verda), a través de la coalición En Comú Podem. El anterior al anterior, Joan Coscubiela, fue, primero, diputado en el Congreso por Iniciativa, y, después, portavoz parlamentario de Catalunya Sí que es Pot (coalición en la que estaba integrada Iniciativa) durante los agitados años 2016 y 2017. El actual, Javier Pacheco, sólo salió fotografiado tras el atril y ante las pancartas de una de las fuerzas que participaban en las elecciones catalanas del 14 de febrero; sí, esa fuerza era En Comú Podem. Que la adscripción política, cuando la tienen, de las y los miembros de los órganos de dirección del sindicato es también, mayoritariamente, a Iniciativa es otro dato conocido.

¿Estos hechos (son hechos, no opiniones) condicionan en alguna medida la orientación del sindicato? Sólo un ejercicio de fe, ajeno a la mínima racionalidad, podría sostener que no, en absoluto. No significa, por descontado, que CCOO sea una correa de transmisión de nadie. Significa que las inclinaciones políticas mayoritarias entre sus dirigentes se hacen notar. Y que cuando hay debate interno, las diversas opiniones no se confrontan en pie de igualdad, como se ha podido comprobar en este Congreso.

Tras conocer los primeros borradores de la resolución general, elaborados por una comisión redactora nombrada por la Ejecutiva, un grupo de afiliados y afiliadas, pertenecientes al sector independentista del sindicato, propuso que se incorporaran cuatro puntos que, de entrada, no figuraban:

– Derogación de la Ley mordaza.

– Apoyo a las resoluciones de tribunales europeos y organismos internacionales que exigían la libertad de los y las presas políticas.

– Amnistía para las personas ya condenadas y para todas las represaliadas.

– Referéndum de autodeterminación.

Desde el primer momento, el sector indepe dejó claro que su propuesta no era independentista, sino de defensa de derechos civiles y democráticos, que expresaba los consensos que ya habían existido en anteriores Congresos y que la voluntad era renovar esos consensos.

Con relativa facilidad, se aceptó incorporar los dos primeros puntos, pero la dirección se resistía a los otros dos. Ello llevó a impulsar la presentación de la propuesta en los diversos congresos federativos y territoriales previos al Congreso de la CONC, recabando los apoyos exigidos para poder hacerlo (entre el 20 y el 25%). Así se llegó al 21 de mayo, fecha de inicio del congreso, con la posibilidad de que, finalmente, se presentaran a votación dos propuestas, la diferencia esencial entre las cuales era que una defendía el referéndum de autodeterminación (igual que en anteriores resoluciones) y la otra no, dado que sobre la incorporación de la amnistía se produjo un acuerdo parcial.

Y aquí se desveló lo que, en palabras de un delegado, es “el lado oscuro de la democracia en CCOO”. Miembros de la dirección “advirtiendo” que no se podía firmar el aval a la resolución alternativa; argumentando que cualquier persona con responsabilidad en algún órgano tenía la obligación de apoyar la propuesta de la dirección; acusando a quienes defendían la alternativa de ser gente “ajena” al sindicato; mintiendo sobre un supuesto consenso que no había existido, porque el sector que promovía la propuesta llevaba meses insistiendo a la dirección, sin conseguir el acuerdo.

Para muchos y muchas delegadas, fue la parte más desagradable del Congreso. Personas que no sabían que hay quienes pretenden equiparar la lealtad al sindicato con la sumisión acrítica al criterio de su dirección. Que hay quienes defienden el pluralismo sólo si no se expresa. Que hay quienes tienen la misma concepción de la democracia interna que el Partido Comunista Búlgaro en tiempos del amado líder Todor Zhivkov.

Pero la realidad era que, sin un acuerdo con la denostada disidencia, sería imposible aprobar una resolución por casi unanimidad. Finalmente, el acuerdo se alcanzó incorporando a la resolución definitiva (Per la recontrucció nacional i social de Catalunya) un texto sobre la autodeterminación que figura en los propios Estatutos del sindicato, aunque sin mencionar el referéndum. La resolución se aprobó con el 93,75% de votos.

Este acuerdo se vivió como una victoria colectiva, especialmente por quienes habían sufrido presiones de todo tipo. La dirección era consciente de que, sin consenso, no sólo se pondría de manifiesto una inédita discrepancia (la de ella misma sobre lo acordado reiteradamente en el pasado), sino que públicamente se percibiría que CCOO se alejaba de un consenso social mayoritario (dentro y fuera del sindicato).

Pero la extrema dificultad en conseguir el acuerdo proyecta sombras sobre la coherencia con que la nueva dirección defenderá su contenido. Ya ha pasado durante estos últimos cuatro años, en que CCOO ha perdido una parte notoria de su afiliación identificada con el independentismo. No porque el sindicato no defienda la independencia, algo que nadie le pide que haga, sino porque no haya colaborado en movilizaciones contra la represión, o se haya negado a apoyar la defensa de la amnistía, que no se vincula con el apoyo a los proyectos políticos de las y los represaliados.

Una frase famosa de Marcelino Camacho (Charlas en la prisión, 1976) dice que “El derecho de huelga se consigue haciendo huelgas; el derecho de reunión, reuniéndose; el derecho de asociación, asociándose; y todos estos atributos de la libertad, es únicamente la acción de masas la que puede acabar imponiéndolos”. Algo con lo que cualquier demócrata, y con más razón si es sindicalista, debería coincidir. Eso fue exactamente lo que pasó con el derecho de autodeterminación el 1 de octubre, que sólo fue posible gracias a una ingente, fraterna y sufrida movilización de masas, al margen de si ese ejercicio democrático tenía o no validez legal o no fuera suficiente para proceder a una declaración de independencia.

Es obvio, por desgracia, que ese acertado criterio de Marcelino no es el que ha aplicado la dirección de la CONC desde el anterior Congreso. No se ha comportado respecto a la autodeterminación con la firmeza democrática que requiere la defensa de los derechos y libertades fundamentales. Que lo haga en el futuro es una posibilidad por la que no hay que dejar de trabajar.

En este aspecto, el reforzamiento y aumento de actividad de SIRC (Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana) es una condición imprescindible para que no se repitan los titubeos y renuncias de los cuatro años anteriores y, en consecuencia, para que CCOO no pierda (o recupere) su carácter de sindicato de referencia para el conjunto de la clase trabajadora catalana, evitando su identificación como sindicato unionista.

Sin duda, la aparición de un nuevo ciclo de movilizaciones por la autodeterminación y contra el régimen monárquico daría mucha más fuerza a esta orientación, pero éso es algo que, de momento, no parece muy cercano.