Cuando en noviembre de 2020, el Ministerio de Igualdad abrió un período de consulta pública previo a un proyecto de ley, la llamada “ley trans”, que establecería la “autodeterminación de género” (“de sexo”), ocho mujeres  feministas con una larga trayectoria enviaron una carta abierta al presidente del Gobierno, que recogió en la primera semana más de 6.700 adhesiones.

En dicha carta, las firmantes aseguraban que “la autodeterminación de sexo es un imposible” y su estipulación legal provocaría  “una situación grave que sin duda compromete a nuestra juventud y a las generaciones futuras”. Por todo ello, reclamaban que no se procediera a legislar sobre la materia sin antes sostener un «debate amplio y veraz sobre los términos y supuestos que contendría una ley de esa naturaleza».

La carta, originalmente firmada por Laura Freixas, Marina Gilabert, Ángeles Álvarez, Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda, Victoria Sendón, Juana Serna y Amelia Valcárcel, ha recogido hasta la fecha las firmas de otras 6.743 personas y asociaciones.

Después de que el Ministerio de Igualdad haya dado un nuevo paso adelante presentando un borrador de dicha ley y tras examinar dicho texto, las firmantes de la carta inicial concluyen que no se sostiene jurídicamente, y que su aprobación provocaría, además de una confusión notable, efectos arrasadores sobre la seguridad jurídica, la infancia, la educación, el deporte femenino, los espacios seguros para mujeres, la seguridad de las personas transexuales a quienes defendemos, la libertad de expresión y todas las leyes y políticas públicas encaminadas a conseguir la igualdad entre los sexos.

Las firmantes consideran que “frente a la propaganda” que supone presentar la ley Montero como un avance en derechos humanos, muy al contrario, se trata, de un retroceso y consideran que “el advenimiento de esa norma no es inexorable”.

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