Europa endurece el derecho de asilo

Internacional 23 de febrero de 2020 Por Víctor Arribas

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El Gobierno progresista español prepara una nueva regulación del derecho de asilo que va a suponer una restricción en el acceso a este derecho reconocido por las Naciones Unidas, lo que antes se consideraba la “legalidad internacional”. A modo de globo sonda, se difunde el contenido de esta nueva norma, condicionada por las exigencias de la Comisión Europea, que suma muchas más razones para que sean denegadas las solicitudes de asilo, el camino legal que utilizan millones de personas en el mundo para huir de persecución política o los conflictos bélicos que puedan tener lugar en sus países de origen. Además, pone más difícil el acceso a los centros de internamiento de extranjeros, en los que son ingresados aquellos que estén pendientes de expulsión por haber llegado a España sin la documentación legal. 

El origen del endurecimiento del derecho de asilo en Europa ha estado en el coladero que ha sido la concesión de estos permisos para personas cuya situación encajaba claramente en la consideración de inmigrantes, y no de refugiados. Ahora se pretende, aplicando esa nueva postura en la UE, que los plazos para solicitar el asilo protegido por el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sean más cortos, lo que en la práctica se traducirá en menos permisos concedidos o en una mayor dificultad de los solicitantes para obtener el permiso. 

La novedad legislativa promete desarrollarse con polémica porque ha sido elaborada por el ministerio de Interior, sin que aparentemente hayan tenido participación ni constancia los departamentos más “sociales” del ejecutivo español, los que ocupa Unidas Podemos. Caben dos posibilidades ante este cambio: que Pablo Iglesias priorice su traje institucional y desdeñe sus propias posiciones políticas del pasado en torno a la acogida, o que haya una discrepancia, en público o en privado, con la otra mitad socialista del Gobierno. Habrá en todo caso debate interno, como ya está ocurriendo tras la sentencia europea que avala las devoluciones en caliente de inmigrantes ilegales que tratan de entrar por la fuerza en territorio español a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. El alma progresista del gabinete se topa de bruces con la realidad. 

Ítem más. El Gobierno del primer ministro británico Boris Johnson va a poner mayores dificultades para recibir inmigrantes que no vengan con su trabajo garantizado. Un contrato que les garantice un sueldo mínimo de treinta mil libras anuales. En el Reino Unido esta medida ha puesto en guardia a la oposición y a los empresarios, que adelantan el efecto negativo que esto tendrá sobre la disponibilidad de empleo más barato dentro de sus fronteras. Priti Patel, la recién ratificada ministra de Interior, no ha perdido el tiempo tras el cambio de Gobierno y ha anunciado la nueva ley que regulará la entrada de ciudadanos extranjeros una vez consumada la salida de la Unión Europea. Y como nos temíamos durante el largo y tortuoso proceso del Brexit, las restricciones aumentan. Los trabajadores que no sepan inglés o no tengan una cualificación laboral demostrada tendrán que volver por donde han venido. El rechazo a la libre circulación de personas por parte del primer ministro no conoce límites, algo que se demuestra con el anuncio de una norma tan apresurada como ésta apenas unas semanas después de consumada la huida del club comunitario y sólo una semana después de conformado su gobierno del aislamiento. En Estados Unidos ha sido el “America First”. En Reino Unido se intenta primar la capacidad de los empleados nacionales rechazando a los extranjeros, una política de la que se van a arrepentir antes de los que ellos creen.

Todo ello ocurre precisamente cuando la ONU acaba de alertar del nuevo éxodo que se está preparando en Siria, casi un millón de personas más que van a salir del país castigado por una década de guerra, en concreto de la ciudad de Idlib. Los ataques del Gobierno sirio en esa zona del norte, casi limítrofe con Turquía, van a mover a una población desasistida que no puede aguantar más y que se dirige hacia Europa como ocurriera en la crisis migratoria de 2015, cuando se mezcló la huida de refugiados con la inmigración por motivos socioeconómicos y el resultado fue el lavado de manos generalizado en la UE respecto a este problema. 

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