Hay que vigilar al PSOE que intenta maniobrar para recortar las pensiones

En el ámbito institucional, el debate sobre el futuro de las pensiones públicas se está produciendo en dos espacios convencionales y en otro espacio más oscuro. El primero de los espacios convencionales lo conforman el Pacto de Toledo y el Congreso; el Pacto de Toledo aprobó el pasado mes de octubre un informe de recomendaciones que el Pleno del Congreso ratificó en noviembre. Y el segundo de los espacios convencionales lo conforma la Mesa de Diálogo Social, en la que el Gobierno de coalición, la patronal y los sindicatos mayoritarios debaten ya el informe de recomendaciones ratificado por el Congreso. En cuanto a ese espacio más oculto –en el que la semana pasada apareció un documento ajeno tanto al Pacto de Toledo como a la Mesa de Diálogo Social–, se trata de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y encargada de “velar por la plena coordinación y coherencia” de las políticas de los distintos ministerios “con los criterios de la política económica del Gobierno” y también de cumplir con la Unión Europea.

Aunque esta cuestión no ha sido del todo explicitada, la utilización de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea está sometida a una especie de condicionalidad abstracta –vinculada al cumplimiento de recomendaciones específicas para cada Estado y para cada ministerio–, y en este sentido los departamentos del Gobierno de coalición están elaborando documentos sobre reformas para presentarlos en la Unión Europea previo visto bueno de la Comisión Delegada presidida por Calviño. En este contexto, el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá (PSOE), presentó a última hora del pasado jueves en la Comisión Delegada –siguiendo instrucciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– un documento con elementos no contemplados ni en el Pacto de Toledo ni en la Mesa de Diálogo Social.

Según ha podido saber LUH de fuentes próximas al debate sobre el futuro de las pensiones públicas, esos elementos hacen referencia fundamentalmente al periodo de cómputo de cada pensión y a la revalorización de las pensiones. “Había un planteamiento reformista sobre pensiones que se plasmó en el Pacto de Toledo y que se está construyendo en la Mesa de Diálogo Social, y ese documento se separa de ambos espacios”, han advertido las mismas fuentes. Por eso, después de que una parte del Gobierno –la vinculada al PSOE– lo introdujera en la Comisión Delegada a última hora el jueves pasado “para intentar que se aprobara el viernes”, saltaron las alarmas y otra parte del Ejecutivo –la vinculada a Unidas Podemos–, sorprendida, pidió su “retirada inmediata” –por situarse fuera tanto del Pacto de Toledo como de la Mesa de Diálogo Social– y su sometimiento a una “negociación” en el seno del Gobierno de coalición, pues el documento no puede ser ni aprobado por la Comisión Delegada ni remitido a la Unión Europea “en esos términos”.

"Con Unidas Podemos no va a haber acuerdo, al menos en esos dos puntos”

Sobre el periodo de cómputo de la pensión, el documento pretende pasar de los últimos 25 años de vida laboral a los últimos 35 años, lo que perjudicaría a los futuros pensionistas. Y sobre la revalorización de las pensiones, pretende sustituir el denominado ‘índice de revalorización’ de la última reforma por un índice distinto pero que sigue sin revalorizarlas según el IPC anual. “Lo de pasar de 25 a 35 años es una línea roja y una burrada que entronca con el viejo sueño neoliberal de tener en cuenta para el cómputo toda la vida laboral del trabajador, y lo del índice sigue sin garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, así que con Unidas Podemos no va a haber acuerdo, al menos en esos dos puntos”, han advertido a este diario fuentes de la formación, que comparte gobierno con el PSOE. Las mismas fuentes han destacado que el documento contiene otros apartados preocupantes, como el fomento de planes de pensiones públicos pero que se apartan del tradicional sistema de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional, para adentrarse en el sistema de capitalización, basado en el ahorro. “¿De dónde va a ahorrar la gente humilde?”, se preguntan. O como la desincentivación de las jubilaciones anticipadas –para alargar la vida activa–, a pesar de los altos índices de paro juvenil. “Habrá que ver cómo se sustancian estos elementos, pero son muy dudosos”, advierten las fuentes de Unidas Podemos

Con el documento del Ministerio de Seguridad Social apartado provisionalmente de la Comisión Delegada y sometido a una negociación en el seno del propio Gobierno de coalición, lo que más preocupa ahora es que una parte del Gobierno “sostenga un discurso público y oficial” y “de repente intente trasladar a la Unión Europea algo que nada tiene que ver con ese discurso”. Para evitarlo, urge sacar el debate sobre el futuro de las pensiones del espacio oscuro al que el PSOE ha intentado llevarlo y devolverlo a sus espacios convencionales.

Fuente: laultimahora.es