La Fiscalía del Supremo se hace cargo de la investigación sobre las finanzas del rey emérito que llevaba Anticorrupción

La Fiscalía del Tribunal Supremo asume a partir de este martes las diligencias de investigación 12/2019 inicialmente incoadas en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en relación al rey emérito. Así lo ha ordenado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en un decreto que establece el envío “con efectos inmediatos” de toda la documentación.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya asumió el pasado mes de junio las Diligencias de Investigación nº 38/2018 iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto pago de comisiones a Juan Carlos I, que es aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Además, la Fiscalía General del Estado ha dado traslado a la Inspección Fiscal y pone en conocimiento del delegado de Protección de Datos una posible fuga de información sobre el contenido de dichos expedientes.

Así, acuerda incoar en fecha 29 de octubre diligencias de naturaleza gubernativa, en cuyo trámite se ha dado traslado a la Inspección Fiscal a fin de comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes. Es decir, el ministerio público investiga supuestas filtraciones de información a la prensa.

Según publica este martes 'eldiario.es' la Fiscalía Anticorrupción estaría investigando presuntos gastos opacos hechos con cargo a varias tarjetas de crédito utilizadas por Juan Carlos I, la reina Sofía y algunos familiares directos. Según esa información, los fondos vinculados a esas tarjetas provienen del extranjero. Ni el rey Felipe VI, ni la reina Letizia, ni sus hijas, Leonor y Sofía, figuran entre los citados familiares.

Los movimientos investigados por Anticorrupción se corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos, por lo que entonces no contaba con la inviolabilidad de la que disfrutó hasta 2014, año en el que se produjo la abdicación en su hijo. Los reyes eméritos no figuran como titulares en las cuentas investigadas, de las que supuestamente extraían fondos a través de tarjetas de crédito que usaban, además, familiares directos de los que no ha trascendido su identidad.

Asi, la Fiscalía estaría investigando un posible delito fiscal dado que los movimientos superan los 120.000 euros en un solo ejercicio. Los reyes eméritos son aforados y, por tanto, sólo pueden ser investigados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las pesquisas se dirigen a averiguar el origen de esos fondos, por lo que el ministerio público ha recabado información a varios países para rastrear su procedencia.

El fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campo, que ahora se hace cargo de la investigación procedente de Anticorrupción, está ultimando el informe sobre la donación millonaria de la familia real saudí a Juan Carlos I y pedirá previsiblemente el archivo de la causa, ya que los hechos se produjeron antes de la fecha de la abdicación del rey, período en el que era inviolable. No obstante, el fiscal incluirá un duro relato de lo ocurrido que habría supuesto la imputación del rey emérito de no encontrarse bajo el amparo de la inviolabilidad establecido en la Constitución.