CONSUMIDORES A LA INTEMPERIE

p>p>p>p>>p>p>

Dos recientes resoluciones jurídico-administrativas han puesto de manifiesto, una vez más, la debilidad del sistema de derechos y garantías que debería proteger a las personas consumidoras:

Nos referimos, en primer lugar, a la multa de 2.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Sevilla a la empresa Magrudis cuyos productos infectados con la bacteria listeria monocytogenes habrían causado cuatro fallecidos y seis abortos, además de más de 200 intoxicados en una crisis alimentaria que recuerda demasiado al caso del aceite de colza desnaturalizado.

Aunque en principio solo se trate de una sanción administrativa por irregularidades documentales cometidas por la empresa, se rompe el principio de que ninguna penalización salga más barata que la comisión de una infracción. 

Más sangrante para los consumidores resulta que ordenanzas que regulan actividades que pueden estar vinculadas a la seguridad y a la salud de los ciudadanos tengan un régimen sancionador que parece no tener en consideración las graves consecuencias de una actitud temeraria.

Por otro lado, la absolución de la cúpula de Bankia por su salida a bolsa en 2011 ha evidenciado múltiples contradicciones en un proceso judicial con unos resultados incomprensibles para los damnificados, a los que se les dice que los directivos de una entidad no son responsables de las actividades de esta, por estar avalados por unos órganos supervisores que tampoco son responsables de las pérdidas millonarias que sufrieron miles de pequeños inversores...

El farragoso e interminable procedimiento judicial y burocrático que han de seguir los consumidores que han visto lesionado sus derechos es una pena añadida que sufren las víctimas de las malas práxis, no solo bancarias, sino de múltiples sectores de la economía que se aprovechan de la ineficacia del sistema legislativo para cometer todo tipo de arbitrariedades que se resuelven 'ad calendas graecas' con ínfimas sanciones o confusas absoluciones.

Urge una reforma en profundidad que agilice las actuaciones administrativas -desde las ordenanzas municipales hasta la legislación estatal- para dar auténtica eficacia a las disposiciones que establecen el cumplimiento de las normativas que regulan las actividades que afectan a la vida, la seguridad, la salud y los derechos socioeconómicos de los consumidores. 

Pero con ser necesario agilizar los procedimientos de inspección, las medidas cautelares y la potestad sancionadora de las administraciones públicas, es igualmente perentorio resolver la necesidad de que las sanciones tengan una función de ejemplaridad que ya no solo castigue a los infractores, sino que disuada al resto de la comunidad de la comisión de las conductas tipificadas en la legislación.

Al contrario de lo que decía Paul Samuelson cuando afirmaba que "el consumidor es el Rey" pues utiliza su dinero para comprar, a modo de voto, las cosas que quiere, resulta que, en plena sociedad de la información, el consumidor se ha convertido en esclavo puesto que sus decisiones dependen de la capacidad seductora de unos pocos trileros que le engatusan con sloganes engañosos sin que nadie salga en su defensa.

Mientras la sensación de impunidad ante la comisión de faltas y delitos siga siendo el entorno de actuación para los operadores económicos, los consumidores estaremos a la intemperie.