Las residencias de mayores, deben ser un servicio público de cuidados esenciales.

p>>p>p>

En las últimas semanas estamos siendo testigos de la estrategia de mentiras por parte del PP y de Vox en torno a la trágica situación que se ha vivido durante la crisis sanitaria en las residencias de mayores en todo el país.

En concreto, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, está siendo señalado por las dos formaciones como responsable de la muerte de miles de personas en estos centros como consecuencia del COVID-19.

Resulta deleznable que PP y Vox empleen los bulos y la difamación para atacar al Gobierno y ocultar sus propias responsabilidades, y más cuando se trata de la vida de miles de personas. La mentira, en política, tiene las patas muy cortas. Por eso, es necesario que respondamos ante esta situación con la verdad, poniendo los datos sobre la mesa, porque nos encontramos ante hechos que podrían ser, como ha dicho el propio consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, «inmorales, y puede que ilegales».

Medidas del Gobierno para apoyar a las comunidades autónomas. 

En primer lugar, el decreto del estado de alarma no retiraba las competencias de las residencias de mayores a las comunidades autónomas. En las sucesivas órdenes ministeriales que abordaron cuestiones relativas a las residencias, lo que se hizo fue reforzar a la única autoridad que tiene dichas competencias, es decir, a las comunidades autónomas.

Entre las medidas concretas aprobadas por el Gobierno de coalición para reforzar las competencias de las comunidades autónomas y las direcciones de los centros se encuentran, en primer lugar, la declaración de los Servicios Sociales como servicios esenciales,independientemente de su titularidad. Se pusieron bajo el mando de las comunidades autónomas también las residencias privadas y se ordenó que se diera la misma prioridad en el reparto de equipos de protección individual (EPI) a las residencias que a los hospitales.

Además, se habilitaron 300 millones para contratar personal de refuerzo para las residencias y adquirir EPI que protegiesen a las trabajadoras y los trabajadores. El Gobierno autorizó la intervención del Ministerio de Defensa, previa petición de las autoridades autonómicas competentes, para labores de desinfección de residencias y otras actuaciones similares, con un total de más de de 5000 intervenciones.

Por último, se flexibilizaron de manera extraordinaria los criterios de contratación de personal en las residencias, como sucedió en el caso de las y los profesionales sanitarios, con el objetivo de garantizar la atención de las personas mayores durante el estado de alarma.

Lo que los bulos esconden. 

Han sido varios medios de comunicación los que han destapado qué hacía mientras tanto el PP, qué hacía el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid: enviar órdenes a los hospitales para que no admitieran ingresos de mayores con síntomas de coronavirus provenientes de residencias, unas órdenes que fueron enviadas hasta en cuatro ocasiones y que el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (de Ciudadanos), al que Díaz Ayuso quitó las competencias en residencias, ha calificado de «inmoral, y puede que ilegal».

A estos hechos debemos sumar las últimas informaciones hechas públicas por El País, según el cual la Comunidad de Madrid sí permitió el traslado a hospitales privados a los mayores residentes que disponían de un seguro privado. El Gobierno de Díaz Ayuso habría decidido negar el derecho a la atención médica según la cuenta corriente.

Con su indecente estrategia de mentiras, el Partido Popular y Vox buscan criminalizar la labor del Gobierno de coalición mientras ocultan estos hechos. Pero, además, existe otra realidad detrás: que la gestión basada en los recortes, el saqueo de la Ley de Dependencia y las privatizaciones habían colocado las residencias de mayores en una situación de extrema precariedad durante estos años, haciendo del derecho a la salud de nuestros mayores un negocio en manos de buitres y corruptos. Una gestión que en la pandemia ha mostrado la amarga realidad que supone mercantilizar la salud de las personas.

Entre las medidas concretas aprobadas por el Gobierno de coalición para reforzar las competencias de las comunidades autónomas y las direcciones de los centros se encuentran, en primer lugar, la declaración de los Servicios Sociales como servicios esenciales, independientemente de su titularidad. Se pusieron bajo el mando de las comunidades autónomas también las residencias privadas y se ordenó que se diera la misma prioridad en el reparto de equipos de protección individual (EPI) a las residencias que a los hospitales

¿De dónde viene esto?. 

La pandemia ha puesto en evidencia la precariedad en la que vivían los centros de mayores desde hace tiempo. Un problema estructural derivado de los recortes y privatizaciones iniciadas hace quince años.

Desde 2012, más de 5000 millones de euros han sido recortados en dependencia, se ha eliminado personal y se han precarizado las condiciones laborales de las trabajadoras (más del 90 % son mujeres) con sueldos que no llegan a los mil euros, mientras las empresas tienen ganancias millonarias, las privatizaciones no han cesado, y la falta de material ya era una constante.

En la actualidad, el 75% de los centros residenciales que hay en España son de titularidad privada. Muchas comunidades autónomas han ido derivando y subcontratando plazas a empresas y multinacionales, siendo los casos más paradigmáticos la Comunidad de Madrid y Galicia, con un 80 % de centros en manos privadas no especializadas.

Desde 2012, más de 5000 millones de euros han sido recortados en dependencia, se ha eliminado personal y se han precarizado las condiciones laborales de las trabajadoras (más del 90 % son mujeres) con sueldos que no llegan a los mil euros, mientras las empresas tienen ganancias millonarias, las privatizaciones no han cesado, y la falta de material ya era una constante

Fondos buitre y empresas que, sin tener conocimiento en el sector y dedicados a la especulación, han encontrado en el bienestar y la salud de las personas mayores un negocio que mueve miles de millones de euros anuales.

Empresas de capital francés como DomusVi u Orpea son los principales operadores de residencias en España. Amavir, Vitalia y Ballesol también controlan parte de estos centros. No podían faltar constructoras, como ACS y Sacyr, que también han visto, en el cuidado de los mayores, una oportunidad de negocio. La primera, propiedad de Florentino Pérez, gestiona muchas de ellas a través de Clece, otra de sus empresas. Y la segunda tiene a su principal accionista, Demetrio Carceller, una de las grandes fortunas de España y consejero y accionista en otras empresas que nada tienen que ver con el sector, imputado por haber defraudado más de 100 millones de euros a la Hacienda pública.

La gestión basada en los recortes, el saqueo de la Ley de Dependencia y las privatizaciones habían colocado las residencias de mayores en una situación de extrema precariedad durante estos años, haciendo del derecho a la salud de nuestros mayores un negocio en manos de buitres y corruptos.

Empresas multiservicios de trabajo temporal y externalización de servicios como Eulen, o aseguradoras y entidades religiosas como la Fundación San Rosendo, muy beneficiada por los Gobiernos de Fraga en Galicia, también han entrado en este negocio, así como empresas como Aralia, cuyo fundador, José Luis Ulibarri, está siendo investigado en tres de los casos de corrupción más importantes de nuestro país: Gurtel, Púnica y Enredadera. Los fondos buitre no han querido dejar la oportunidad de invertir en centros de mayores, y en la actualidad ya están gestionando el 23 % del sector.