Presentan una querella para que Ayuso sea investigada por presunto homicidio imprudente en los centros de mayores

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El 11 de mayo, el grupo de trabajadores y familiares agrupados en torno a la Marea de Residencias presentó, en los Juzgados de Plaza de Castilla, una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz-Escudero y diez directores de residencias. Según ha podido conocer este diario, las residencias mencionadas son DomusVi-Mirasierra, Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Lineal.

La querella les acusa de los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Entienden, además, que la Comunidad de Madrid tiene plenas competencias en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores. La Marea de Residencias pone en cuestión, además, el modelo en el que se sustentan las residencias de la región. "Existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas", y añaden que en muchos de los casos los propietarios "son fondos de inversión opacos".

Europa Press recuerda que el 26 de marzo la consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Reyero (consejero de Ciudadanos apartado por la presidenta de sus funciones), informó de que en las diez residencias en cuestión la mortalidad superaba el 10%. Muy superior al resto: la media de las públicas era de un 1,63% y las de las privadas un 2,18. En total, informa la agencia, en este periodo han sido 5.688 los fallecidos en residencias por coronavirus en Madrid, lo que supone "casi el 50 por ciento de los fallecidos en residencias en todo el país". Por comparar: en toda Italia han fallecido un total 7.200, y en Francia 7.000.

Hoy el diario Nius, además, publicaba en exclusiva  un polémico documento que afecta a la gestión realizada por la Comunidad de este problema. En él se ofrecía un protocolo de prioridad de internamiento en los centros hospitalarios, que excluía (según la traducción de los criterios médicos que ofrece la redactora de la noticia, Susana Camacho) a dependientes severos o tales, ancianos con demencia (con GDS menor que 6) o a los que presentaban comorbilidad en "fase avanzada".

Tomado de la última hora.es