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Cuando se cumplen dos años de la invasión a gran escala del país, AI destacó que solo habrá justicia para la población ucraniana si se atiende a todos los crímenes contra los derechos humanos desde 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea.
En estos diez años, Amnistía Internacional ha documentado “el ataque deliberado contra población civil e infraestructuras fundamentales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, privación ilegítima de la libertad, traslado forzoso de civiles y abusos contra prisioneros de guerra”.
“Mientras la guerra se sigue librando de forma encarnizada, es preciso preservar lo más posible las pruebas de cada atrocidad”, defendió.
Según Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, “los responsables de crímenes de derecho internacional deben responder ante la justicia, sin importar el tiempo que se tarde”. “Estos crímenes no prescriben”, recalcó.
En febrero de 2014, Rusia ocupó la Crimea ucraniana, pero nunca admitió que sus fuerzas armadas también habían entrado en el este de Ucrania ese mismo año.
Las pruebas publicadas por Amnistía Internacional desde 2014 --examen de imágenes de satélite y declaraciones de testigos presenciales-- confirmaron esa entrada de las tropas rusas, lo que significa que este conflicto armado internacional dura ya diez años.
AI destacó que “la población ha sufrido los efectos de la guerra y las violaciones de derechos humanos en toda Ucrania, pero sobre todo en las regiones de Donetsk y Luhansk, a ambos lados de la primera línea”.
Entre 2014 y 2021, más de 10.000 civiles murieron o sufrieron heridas en Ucrania, y en el primer año de combates se informó de numerosas violaciones de las leyes de la guerra.
Cientos de miles de personas se desplazaron desde el este de Ucrania después de que grupos armados respaldados por Rusia proclamaran las “repúblicas populares” de Donetsk y Luhansk, aunque muchas otras se quedaron. Desde entonces, “las regiones de Donetsk y Luhansk se vieron asoladas por el secuestro, la tortura y, en muchos casos, el homicidio de civiles", advirtió.
Residentes de Slovyansk contaron a Amnistía Internacional que, en 2014, un grupo armado secuestró a un clérigo local, a dos de sus hijos y a dos feligreses, y pidió por ellos un rescate de 50.000 dólares estadounidenses. Para cuando la comunidad local consiguió reunir el dinero, los cinco cautivos habían muerto a manos de sus secuestradores.
En opinión de Krivosheev, “resulta fundamental que la población de Ucrania conozca la verdad y reciba justicia y reparación por el devastador impacto de esta guerra durante los últimos diez años”.
Además, Amnistía denunció “el silenciamiento brutal de la disidencia, dirigido contra personal de los medios de comunicación, profesores y activistas que defendían los derechos humanos”.
Con la invasión a gran escala de Rusia hace dos años, “la trágicamente familiar catástrofe de derechos humanos se extendió por todo el país", lamentó Amnistía. A su juicio, esta agresión supuso “un crimen de derecho internacional”.
Natalia, de Chernígov, en el norte de Ucrania, relata que “quienes sobrevivieron a 2014 nos dijeron que ‘esto es la guerra’ y que ‘tenéis que evacuar’. Ahora sé que tenían razón”. “Sólo ahora sé cómo se sentían: dejar tu hogar, empezar tu vida de cero en otro sitio. Y han tenido que hacerlo dos veces”, subrayó.
Según Amnistía, “los crímenes de guerra cometidos por Rusia en la región de Kiev durante los primeros días demostraron claramente un patrón de tortura y homicidios ilegítimos de civiles, la mayoría de los cuales parecen ejecuciones extrajudiciales”.
En nota de prensa, Denis Krivosheev exigió garantías de que “todos los responsables de crímenes de derecho internacional comparezcan ante la justicia en juicios justos”. “Es fundamental que la población de Ucrania conozca la verdad y reciba justicia y reparación por el devastador impacto que esta guerra ha tenido y continúa teniendo en la gente, la tierra, la infraestructura y la economía de su país”, reclamó.
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