El Congreso aprobará la reforma del Código Penal este jueves

La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que reforma el Código Penal y que, entre otros aspectos, modifica el delito de sedición, se prevé que quede aprobada este jueves en el Pleno Congreso, según los cálculos que manejan en el Ejecutivo.

Después de que el pasado viernes concluyera el plazo de presentación de enmiendas, el lunes habrá reunión de la ponencia para cerrar el mínimo acordado antes de que, al día siguiente, el martes por la mañana, a partir de las 11.30 horas, la Comisión de Justicia apruebe el texto definitivo -con las enmiendas que se hayan aprobado- para que la Junta de Portavoces pueda habilitar un segundo Pleno el jueves para la votación final de esta proposición de ley.

Se trataría, nuevamente, de habilitar un segundo Pleno en un mismo día porque el orden del de esta semana ya está hecho y para modificarlo se requiere una unanimidad que no concederán PP, Vox y Ciudadanos.

Este paso de ir al Pleno es requisito indispensable porque se trata de una modificación de una ley orgánica, por lo que el dictamen de la Comisión debe ser discutido en el Pleno, donde el texto definitivo ha de obtener el apoyo de la mayoría absoluta antes de ser remitido al Senado para continuar allí su tramitación.

Si se cumplen todos los plazos previstos en el Congreso, en el Senado la tramitación también será exprés, de manera que se eleve a un Pleno que los socialistas prevén que se habilite en la última semana del mes y del año, para que la reforma resulte aprobada de manera definitiva por las Cortes antes de la llegada de 2023.

ENMIENDAS

El PSOE y Unidas Podemos pactaron una serie de enmiendas, entre ellas una para “desbloquear la inaceptable situación” del Tribunal Constitucional y garantizar su renovación, ya que se propone eliminar la obligatoriedad de los tres quintos para que el Consejo General del Poder Judicial elija a los dos miembros del TC que le corresponden y se establece un nuevo sistema de votos por el que los dos más votados serán nombrados.

Asimismo, pactaron una enmienda para la creación de un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito, con el que se busca penar hasta con tres años de cárcel a los cargos públicos que no sean capaces de justificar un enriquecimiento patrimonial de más de 250.000 euros durante su mandato.

ERC presentó varias enmiendas cuyo objetivo es evitar que la malversación se use “con finalidad política y arbitraria" contra el independentismo. En concreto, apuesta por que en el delito de malversación se deje de hablar de conductas poco definidas y subjetivas como la apropiación indebida y la administración desleal, que son propias “del ámbito privado”.

Con esta propuesta, las penas que afectan a los delitos propios de corrupción política y enriquecimiento personal “se mantienen, como no podría ser de otra forma, sin posibilidad de rebajar su penalización”. Si no existe este enriquecimiento personal, los republicanos proponen rebajar las penas por malversación hasta los tres años de cárcel.

En relación a esta enmienda de los republicanos, los portavoces del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, Patxi López y Pablo Echenique, respectivamente, coincidieron al decir que analizarán dicha propuesta, pero subrayaron que no aceptarán nada que pueda conllevar un beneficio a imputados o condenados por corrupción política.

OPOSICIÓN

Por su parte, el Partido Popular presentó el viernes 16 enmiendas a la proposición de ley del Gobierno para reformar el Código Penal, de las cuales dos pretenden evitar que se suprima el delito de sedición. Otras dos enmiendas abogan por castigar con cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que convoquen elecciones o consultas populares ilegales por vía de referéndum.

Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que su partido recurriría la propuesta del Gobierno para renovar el TC. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, explicó que los populares promoverán un recurso de amparo ante el Constitucional por la tramitación que se está llevando en el poder legislativo. “Lo haremos de forma urgente”, añadió.

Vox también anunció que recurrirá la reforma del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional. A su vez, el líder de este partido, Santiago Abascal, defendió que “ha llegado el momento de presentar una nueva moción de censura” ante el “asalto” del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al Poder Judicial, para lo que abogó por “un candidato neutral” que “no milite en partido político alguno y se comprometa a convocar elecciones inmediatas”.

Al mismo tiempo, Ciudadanos presentó diversas enmiendas a esta iniciativa para frenar el “borrado” de la sedición. Con estas enmiendas, los hechos sucedidos en otoño de 2017 en Cataluña serían constitutivos de delito de rebelión y los golpistas no podrían ser indultados. 

JUNTS Y PDECAT 

Junts presentó 19 enmiendas a esta reforma del Código Penal para evitar la persecución por motivos políticos. En relación con el delito de malversación, este partido considera que la reforma de 2015 tiene que ser revertida de forma “completa y total” para que no se pueda penalizar la acción política de quien cumpla su programa electoral sin beneficiarse de forma ilegítima de dinero público. 

A su vez, el PDeCAT propone rebajar las penas en la reforma del delito de malversación cuando no exista ánimo de lucro (ni propio ni para un tercero), tanto en los casos de las privativas de libertad (que quedarían en una horquilla de uno a tres años) como de las de inhabilitación (de tres a seis años). Las penas actuales se mantendrían para aquellos casos donde se aprecie ánimo de lucro.

PROPOSICIÓN

El pasado 11 de noviembre registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso la proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Los partidos que forman parte de la coalición de Gobierno solicitaban una tramitación por la vía de urgencia que han puesto en marcha hasta el extremo de que, en poco más de un mes, se prevé que la normativa salga aprobada del Congreso y, en mes y medio, tenga el visto bueno también del Senado.

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