Todo parece apuntar a que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace casi cuatro años, podría estar más cerca que nunca. El último en mover ficha ha sido Podemos, que ha asegurado que no participarán en ningún acuerdo para la composición del nuevo Consejo si éste no incluye a la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Hasta ahora, la magistrada que sufrió el peso lawfare y contra la que conspiró el juez Alba, ha estado vetada por el Partido Popular porque, según ellos, es una figura politizada y, por tanto, no es un perfil válido para formar parte del órgano de gobierno, a pesar de que el bloqueo por parte del PP del Consejo Judicial se debe, en parte, a su interés para conservar la mayoría conservadora que predomina en la cúpula.

Fuentes de Podemos, sin embargo, han sostenido que “Rosell es la mejor representación de lo que debería ser la justicia en nuestro país" y que su incorporación al poder judicial contribuiría a “mejorar la calidad de nuestra democracia".

De no incluir a la magistrada, se cumpliría lo que muchos ya temen: un reparto bipartidista del poder entre PSOE y PP. La formación morada ya ha advertido anteriormente a su socio de Gobierno la necesidad de garantizar que Podemos, como miembro "legítimo" del Ejecutivo, tenga un papel "determinante" y activo en la negociación, y varios miembros de la formación han insistido que no se dé el brazo a torcer y se ceda a la presión de los populares que buscan "excluirles"

Por Carmen Asenjo para laultimahora.es

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