El Consejo de Ministros del Gobierno de coalición ha aprobado este sábado un nuevo Escudo Social hasta el próximo 31 de diciembre para hacer frente al alza de la inflación derivada de la guerra de Ucrania. El paquete de medidas tendrá un coste de 9.000 millones de euros, que se eleva a 15.000 si se suman las medidas del Escudo Social en vigor hasta la fecha. Muchas de las medidas aprobadas este sábado –que han sido anunciadas en rueda de prensa por el presidente del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez– han sido propuestas por Podemos y en su momento criticadas por el PSOE –especialmente por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y ministras como María Jesús Montero y Teresa Ribera–, pero finalmente han sido aprobadas por el Ejecutivo.

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno, destaca la reducción del 50% del precio de los abonos mensuales dependientes de empresas de transporte estatales –como por ejemplo Renfe– y del 30% del precio de los abonos mensuales dependientes de empresas de transporte autonómicas, la subida del 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas –lo que supondrá un incremento de 60 euros al mes–, una ayuda directa de 200 euros para empleados, autónomos y desempleados con bajos ingresos, la limitación del precio máximo del butano, la reducción del IVA de la luz desde el 10% hasta el 5% o un nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas, para garantizar un reparto justo de las cargas

Junto a la aprobación de estas nuevas medidas, se ha mantenido el resto de medidas relacionadas con la electricidad –como la ampliación del descuento del bono social, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción y la reducción al mínimo del impuesto sobre la electricidad– y, ya en el ámbito de los carburantes, se ha mantenido también hasta final de año la reducción de 20 céntimos en el litro de combustible. Asimismo –y con el objetivo de reforzar la protección a los más vulnerables–, se han mantenido las ayudas del IMV (Ingreso Mínimo Vital), la prohibición de suspender el suministro de energía, el tope a la subida de alquileres y que el aumento de los costes de la energía no pueda ser causa de despido en empresas dependientes de la Administración.

Fuente: laultimahora.es