Voto en contra de Junts impide aprobación de ley de amnistía en el Congreso

El voto contrario de los siete diputados de Junts impidió este martes que el Pleno del Congreso aprobase la proposición de ley de amnistía elevada desde la Comisión de Justicia, de manera que el texto de la ponencia regresa a la Comisión y vuelve a ser debatido.

En concreto, el texto de ley orgánica debatido contó con 171 votos favorables (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG), y 179 en contra (PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria).

Esta última votación, por petición del Partido Popular, fue por llamamiento de manera que cada diputado expresó el sentido de su voto de viva voz desde el escaño.

Previamente tuvo lugar la votación del dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de ley de amnistía. En esta ocasión, obtuvo 177 votos a favor y 172 en contra. De no haber sido aprobado, la ley hubiese decaído y su tramitación en la Cámara habría llegado a su fin.

El debate de esta ley fue el único punto abordado esta tarde en el Pleno del Congreso al que llegó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando ya estaba en marcha. Esperó hasta las votaciones en la zona reservada al Gobierno, mientras en el interior del Hemiciclo discurría el debate parlamentario, y a varios de los ministros y dirigentes del PSOE, como el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se le veía con rostros serios y continuamente hablando por teléfono.

Por su parte, el líder del Partido Popular y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, decidió intervenir en el Pleno y elevó aún más el tono contra Sánchez, a quien acusó de "saltar a la comba" con sus "líneas rojas" y hacer "historia" con la amnistía en el mal sentido de la palabra. "Puigdemont se fue en el maletero de un coche y ahora regresará en el Falcon del señor Sánchez", deploró.

En este sentido, Feijóo criticó que los “virajes ideológicos” de Sánchez son “cómicos” y se digirió entonces a los diputados del PSOE, contra los que intensificó la presión. "No son marionetas sin voluntad, son cómplices conscientes de lo que votan. Su voto no será un delito, pero no tiene perdón", apostilló.

Antes del presidente del PP, el PSOE defendió que el texto de la ley de amnistía tiene “todas las garantías del Estado de derecho”, al tiempo que cargó contra la posición del PP e ignoró la posición contraria a la misma expresada por Junts en el debate, que provocó después el rechazo de la norma. El diputado del PSC Paco Aranda, portavoz socialista en la Comisión de Justicia, fue el encargado de defender el texto de esta ley “hecha desde el Estado de derecho y con todas las garantías del Estado de derecho”.

“Esta reforma es consecuencia de una política que ha conseguido que hoy Cataluña no sea la del 2017, una apuesta del presidente del Gobierno, del Gobierno, del PSOE, del PSC” porque “los catalanes no queremos vivir en el 2024 y algunos se empeñan en volver al 2017”, afirmó Aranda en una única referencia que podría entreverse que también iba dirigida a Junts.

“Queremos mirar hacia adelante, pero ustedes se niegan y no dejan de mirar hacia atrás”, espetó el diputado catalán, que también recriminó al PP que “hablan de la amnistía porque no quieren que se sepa que España va bien”.

"CHANTAJE PERMANENTE"

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, denunció que Sánchez “está condenado a vivir en el chantaje permanente hasta el último minuto de cada votación durante esta legislatura” y que hoy sigue adelante la “mayor fechoría cometida por representantes públicos en nuestro país desde Largo Caballero e Indalecio Prieto”.

Aprovechó también su intervención para denunciar que el PP hace “una oposición a tiempo parcial, media jornada está en contra del golpe” y la otra media “está tendiendo la mano a los que están dando el golpe a la Constitución”, y le instó a que “se sume a una oposición a jornada completa”.

Por parte de Sumar, Gerardo Pisarello defendió que la amnistía abrirá “un nuevo proceso de diálogo” frente a las pretensiones del PP, al que equiparó con Vox en “el bloque reaccionario” del Congreso y al que acusó de ser responsable del “bloqueo” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y planear maniobras “inconstitucionales” en el Senado.

Puso también el foco en el juez García-Castellón, al que criticó por ser “un juez ciego ante la corrupción del PP” para después ser “tan incisivo” en las “irregularidades archivadas” de Podemos y “ver terrorismo retrospectivo” en el ‘procès’. “Con jueces de partido dispuestos a todo no hay seguridad jurídica posible”, añadió el diputado de Sumar tras aseverar que “el mensaje pacificador de la amnistía está calando” en la calle.

ERC centró su defensa de la norma en arremeter contra Junts porque “esta amnistía no va de Puigdemont ni de Rovira sino de las 1.500 personas que tienen su vida en tela de juicio”, porque “esta ley bien utilizada garantiza la amnistía a toda nuestra gente”.

"SELECTIVA Y EN DIFERIDO"

Desde Junts, su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, recordó al PSOE que una amnistía “selectiva y en diferido no es lo que firmamos y acordamos” en su pacto de investidura y aseguró que su partido no puede participar para “dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española”.

Avisó de que si no se “avanza” en la “resolución del conflicto político” significa que “no se está cumpliendo el acuerdo” firmado entre Junts y el PSOE y acabó diciendo a este partido que “no tendría que permitir seguir dando vía libre a la derecha española para seguir prevaricando y destruyendo”.

Desde EH Bildu, Jon Iñarritu defendió que la ley es “buena”, “positiva y totalmente necesaria para que el conflicto de Cataluña pueda resolverse en otro marco”, y para “sacarlo del marco judicial”. Aunque abogó por una norma que debería ser “lo más amplia posible”, reconoció que hay que “aprovechar” esta “oportunidad histórica” aunque “siempre pueda haber jueces prevaricadores”.

Por ello, pidió no dar “ninguna oportunidad ni tiempo a los enemigos de esta ley” ni una “oportunidad más a los que están intentando sabotear esta ley y esta legislatura”.

Desde el PNV, Mikel Legarda afeó que esta es una de las iniciativas "más discutidas de los últimos tiempos con argumentos políticos y jurídicos" pero también con "retórica exaltada y en apelación a sentimientos de agravio por quienes se oponen a la misma", y recriminó al PP que diga "que la ley de amnistía es un pago político a una investidura a costa de la deslegitimación del Estado de derecho". Defendió que el hecho de que "el proceso de investidura haya operado como precursor de la amnistía", "no la desvirtúa ni en su oportunidad ni en su conveniencia" y celebró el regreso a la política del "conflicto político" en Cataluña.

Por parte del Grupo Mixto, la diputada de Podemos Martina Velarde remarcó que hay ‘lawfare’ en España y pidió “unión” de los demócratas frente a las actuaciones del juez Manuel García-Castellón contra “las decisiones que emanan de la voluntad popular”. En una línea similar se pronunció el diputado de BNG, Néstor Rego, quien aplaudió la amnistía y cargó contra el frente que la “derecha ultra y la ultraderecha” han formado en el Congreso y los tribunales.

En el lado opuesto, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, criticó que el PSOE haya priorizado la amnistía frente al acuerdo que alcanzaron para que el Estado fuera también responsable de la llegada de menores no acompañados a la costa canaria, y dijo que “los canarios están viendo la diferencia” entre tener un diputado y los siete con los que cuenta Junts.

Más duro fue el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, quien deploró que los españoles serán “menos iguales ante la ley” con la amnistía por culpa de “un Gobierno sumiso y obediente a las exigencias de los secesionistas”.

Una vez finalizado el debate, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, pidió la palabra a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, para denunciar que Nogueras acusó “con nombre y apellidos a magistrados”, acusándoles de “prevaricadores” y Velarde acusó a Manuel García-Castellón de ‘lawfare’.

Por ello, Millán solicitó “que se les llame al orden” y que la Presidencia “impida que se repita esto, políticos señalando a jueces desde el atril del Congreso, algo absolutamente impropio de un Estado democrático de derecho y más propio de un régimen totalitario de una república bananera”.

Como respuesta, Armengol señaló que “hemos debatido estas cuestiones” en diferentes espacios y que ella misma pidió a los grupos parlamentarios y a todos los diputados “que guarden el decoro debido a la Cámara”.

(SERVIMEDIA)