La UE da la razón a Garzón con las macrogranjas

El pasado 14 de diciembre, The Guardian realizaba una entrevista –que publicaba el 26– al actual ministro de Consumo Alberto Garzón en la que, en una traducción literal que el propio gobernante ha publicado en su Twitter, hablaba del impacto ecológico, el maltrato animal y la pauperización de la calidad de los productos que las grandes empresas de ganadería industrial, muy ligadas al Partido Popular en lugares como Castilla y León, registraban en su modelo de producción.

Realizaba, asimismo, una defensa de la ganadería extensiva y sostenible, además de promover un consumo cárnico saludable similar a lo que llevan a cabo gobiernos como el de Reino Unido o Alemania e incentivaba el camino, marcado en el Pacto Verde Europeo, hacia una transición ecológica menos contaminante.

Sin embargo, dato mata relato. Ya en 2018, la Comisión Europea advertía a España, a través de una carta de emplazamiento, por su “deficiente aplicación” de medidas para paliar la contaminación del agua por nitratos procedentes, justamente, de la actividad ganadera y agraria industrial. Y en 2020 impulsó un dictamen en el que señalaba el “incumplimiento” de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, que tiene por objeto “proteger la calidad del agua en toda Europa” mediante la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales “procedentes de fuentes agrarias” así como el "fomento del uso de buenas prácticas agrícolas".

El problema principal, señalan, es que los niveles excesivos de nitratos pueden “dañar las aguas dulces y el medio marino” mediante un proceso conocido como “eutrofización”, que supone un “crecimiento excesivo” de algas que asfixian otras formas de vidas y matan peces en lagos y ríos, algo que ocurre, por ejemplo, en el Mar Menor de la Región de Murcia.

Y ahora, aunque Bruselas reconoce “avances” limitados, resultan no ser “suficientes”, por lo que ha llevado al país ante el Tribunal de Justicia comunitario. En la nota informativa sobre el procedimiento, fechada en diciembre de 2021, emplaza a las autoridades de diferentes comunidades autónomas a tomar medidas. Precisamente, una de las autonomías señaladas es Castilla y León que, junto a Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia, se presentan como lugares donde adoptar “medidas adicionales” por haber sido, hasta la fecha, “insuficientes”.

Fuente :laultimahora.es