El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) ha acordado dejar en libertad al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, detenido el jueves pasado. La justicia italiana le impone, sin embargo, la obligación de no abandonar la isla hasta que no se resuelva al euroorden que pesa en su contra.

La decisión se tomó después de la celebración de una vista en la que Puigdemont intervino por vía telemática. El Tribunal considera que la detención del político catalán se ajustó a la legalidad y considera que no es necesario mantener la reclusión, aunque le impone quedarse en Cerdeña.

Su participación en la vista ha sido muy breve y durante su desarrollo ha tenido que responder a las preguntas de si pensaba salir de la isla y viajar a España. Puigdemont ha respondido negativamente a las dos, tras lo cual se ha decretado su libertad sin medidas cautelares, salvo la de no viajar fuera de la isla.

Puigdemont está reclamado por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación, los mismos por los que fueron juzgados y condenados los líderes independentistas que se quedaron en España. En el curso de la tarde, el expresidente catalán saldrá de la prisión de alta seguridad de Sassari, conocida por haber tenido entre sus muros a varios capos de la mafia italiana.

El instructor de la causa del ‘procés’, el magistrado Pablo Llarena, ha enviado un oficio al representante de España en Eurojust para que remita al Tribunal de Apelación de Sassari, en la isla italiana de Córcega, la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada el 14 de octubre de 2019 contra Carles Puigdemont, así como la cuestión prejudicial planteada en su día ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El instructor reitera así que la OED contra Puigdemont está vigente. "Adjunto acompaño orden europea de detención y entrega, librada el 14 de octubre de 2019 contra Carles Puigdemont i Casamajó, actualmente en vigor, en base a la resolución dictada en esa misma fecha, para su remisión al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia)", se puede leer en el oficio de Llarena.

"Asimismo, y con igual finalidad, le acompaño la Cuestión Prejudicial planteada en su día ante el TJUE, cuya tramitación no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE", añade.

La Corte italiana tendrá que resolver entre la interpretación del instructor y la del abogado del expresidente, Gonzalo Boye, que sostiene que su detención es ilegal porque esa euroorden está suspendida en tanto no haya una decisión del TJUE sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario.

Llarena trasladó una cuestión prejudicial al TJUE en el momento en que el Parlamento Europeo le retiró la inmunidad para saber cuál era el alcance de las euroórdenes dictadas contra Puigdemont a partir de ese momento y que quedaran claras las condiciones de una posible extradición. Esta consulta fue admitida a trámite pero no se ha resuelto aún.

En paralelo, Puigdemont recurrió la retirada de la inmunidad ante el Tribunal General de la Unión Europea (TUE), que confirmó la retirada el pasado 30 de julio, pero la decisión se basaba en el hecho de que, aunque no gozara de inmunidad, las órdenes de detención estarían suspendidas hasta que el TJUE resolviese la consulta del juez español.

La defensa de Puigdemont está preparando un escrito que presentará ante la justicia europea en la que va a solicitar la aplicación de medidas cautelarísimas para evitar que la euroorden pueda ser ejecutada.

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