El Emérito ganaba millones con el tráfico de armas

Según ha adelantado este domingo en exclusiva el diario Público, Juan Carlos I consiguió forjar su fortuna a través del tráfico de armas en países árabes, un fraude perpetuado al lado del que fue su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal.

El medio se remonta a 1977 cuando el rey emérito nombró a su amigo Colón de Carvajal senador por designación real, «así como administrador solidario al 50% de todos sus negocios, empezando por la venta de armas». En ese momento, en una visita a Riad, capital y principal centro de negocios de Arabia Saudí, Juan Carlo I inició los negocios para la fundación de la empresa que canalizaría “el comercio entre los dos países”: Alkantara Iberian Exports.

 
El príncipe Fahd, en aquel momento hombre fuerte del régimen teocrático del rey Jaled, sucesor de Faisal, nombra delegado saudí en Alkantara al traficante de armas Adnan Khashoggi. Por su parte, Juan Carlos designa a Manuel Prado como presidente de la compañía, financiada con fondos públicos en la mitad española: el Instituto Nacional de Industria (INI) pondrá un 25% y Focoex (Fomento del Comercio Exterior, del Banco Exterior de España pero operando desde Panamá) el otro 25%.

Alkantara Iberian Exports  se constituye en Londres el 6 de julio de 1978, como «Private limited with Share Capital company» y la elección de cargos continuó con el fichaje de Borja Prado Eulate, hijo del socio y testaferro del rey, quien trabajó para Focoex de 1980 a 1988, según señala el citado medio, y Francisco Jiménez Torres, quien se acabaría convirtiendo en abogado de Khashoggi en operaciones comerciales internacionales.

En aquellos años, todas las operaciones internacionales de ventas de armamento y material militar son consideradas «materias clasificadas» por tratarse de «asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado» y estaban amparadas por el artículo 2 de la ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, una ley todavía vigente que impide obtener los documentos de esos contratos gestionados por Alkantara.

En 13 de agosto de 1982, Manuel Prado y Khashoggi registran la compañía en el paraíso fiscal de Chipre como «Compañía Limitada con registro HE18048», quedando así evidenciada la intención de ambos de «hacer negocios opacos de tráfico de armas a través de Alkantara», ya que podían operar fuera del control tanto del gobierno saudí como del español».

 
En 1985, ya con Felipe González como presidente, el Gobierno hizo su primer informe oficial sobre las compañías más importantes de venta de armas españolas. Alkantara se situaba al frente de la lista, aún admitiendo que ni la misma Moncloa “controla el destino final de las exportaciones de material bélico español y menos aún las comisiones».

En 1989, el INI decide disolver Alkantara a causa del escándalo provocado por la imputación de Khashoggi en el caso Irán-Contra por la venta de armas a Irán para financiar a los mercenarios que combatían al Gobierno de Nicaragua (1985-1986).

Sin embargo, antes de ser imputado, Khashoggi le pasa la empresa al traficante de armas Abderramán El Assir, a quien introdujo en el círculo de poder de Marbella. Los negocios de venta de armas de la filial chipriota de Alkantara continúan casi dos años más, hasta su disolución en Chipre el 14 de noviembre de 1990.

Hasta entonces, los movimientos de la empresa consiguieron cantidades millonarias en comisiones por la venta de armas. Entre las diversas operaciones, destacan las realizadas en Marruecos, un negocio por el cual obtuvieron un importe total de 570 millones de dólares, más de 62.000 millones de pesetas.

Esa operación es la mayor venta de armamento del Gobierno español a Marruecos de la época y las comisiones que se reparten los mediadores sumarían unos 12.500 millones de pesetas, explica Público. Sin embargo, aseguran que “los comisionistas que trabajaban con Alkantara hacían tráfico de armas con todos los países que podían, aprovechando todas las guerras y conflictos de aquellos años,” según declaraciones de uno de los amigos del rey consultados.

En 1983, Manuel Prado con el fin de ocultar mejor sus actividades lucrativas a medias con Juan Carlos fija su residencia en en Suiza y funda allí la compañía Trébol S.A. con el otro socio íntimo de monarca, Tchokotua. El tercer socio es el propio rey, aunque su nombre nunca figura en los documentos, según asegura a Público uno de los que estaban en el círculo íntimo del monarca.
 
El artículo añade que en 1984 Alkantara Iberian Exports Ltd es ya la mayor exportadora de armas de España y su mejor cliente acaba siendo Egipto, que compra buques de guerra y vehículos militares a empresas españolas. Sin embargo, “en 1985 Egipto suspende pagos en plena crisis financiera internacional y nunca devuelve aquellos créditos en España”.
 
El resultado para  el rey y sus socios fue el mismo: “Las empresas fabricantes españolas cobran la totalidad del facturado y los socios de Alkantara se embolsan sus comisiones millonarias íntegras, a cuenta de estos préstamos del Estado”.
 
No obstante, según denuncia Público: “Diez años después, España tendrá finalmente que condonar a Egipto 18.800 millones de pesetas, con los que se han financiado esos negocios. Por tanto, toda la operación, incluidas las comisiones del rey y sus socios, se pagan con fondos públicos”, tal como recogerán José Díaz Herrera y Ramón Tijeras en su obra » El dinero del poder. La trama económica en la España socialista».

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