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La Asociación de Consumidores lamenta que la nueva Ordenanza no se adapte a la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética que establece que los municipios de más de 50.000 habitantes “adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad”, incluyendo, entre otras medidas, la creación de Zonas de Bajas Emisiones.
Para ACUSVAL la regulación de la movilidad debe ir unida a la adopción de iniciativas que protejan el medio ambiente y la calidad del aire en las ciudades, por ello consideran insuficiente también el proyecto de Protocolo de Actuación durante Episodios de Alta Contaminación presentado también esta misma semana por el equipo de gobierno valdemoreño por su carácter “reactivo” y la ausencia de medidas preventivas que conduzcan a evitar las situaciones de polución elevada.
ACUSVAL considera que la reducción de la contaminación es esencial por el enorme impacto que tiene sobre todo en los grupos más vulnerables: niños, mayores o personas con enfermedades cardiorespiratorias por lo que la reducción de los focos más importantes en la producción del NO2 (entre los que se encuentra el tráfico) debería integrarse -como además establece la Ley- en la futura Ordenanza de Movilidad.
Por estas razones, ACUSVAL pedirá que la Ordenanza de Movilidad incluya: medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así como corredores verdes intraurbanos que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas; medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, la electrificación de los autobuses urbanos o el uso de otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano y medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo la implantación de puntos de recarga.
Otras medidas que ACUSVAL cree que deben contemplarse pasarían por fomentar el reparto de mercancías con vehículos ecológicos y el establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad.
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