El temor de la CEOE ante las multas que les pueden caer a los empresarios por las medidas de Yolanda Díaz por fraude

Un alto cargo de la CEOE se ha pronunciado ante La Información contra el nuevo sistema puesto en marcha por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que habilita a una aplicación informática a extender actas de infracción a las empresas sin intervención directa de un funcionario. «No se pueden automatizar las sanciones y, de hacerse, debemos conocer cuáles son las fórmulas y los parámetros que están detrás de esa herramienta», ha señalado.

La CEOE ha pedido explicaciones al Ministerio de Trabajo sobre las «instrucciones humanas» que hay detrás de esta suerte de ‘robot inspector’ y exige garantías jurídicas ante el riesgo de que se produzcan sesgos que puedan dar lugar a un aluvión de multas indiscriminadas.

Uno de los puntos que más preocupa a la CEOE es el contenido de la regulación acordada en la mesa de diálogo social para los repartidores de plataformas digitales, los conocidos como riders. Las plataformas de todas las actividades van a estar obligadas a revelar a los sindicatos la parte del algoritmo con el que operan que afecta directamente a las condiciones laborales de sus trabajadores y las sanciones pueden ser millonarias al tratarse de empresas que precarizan el trabajo.

La patronal comandada por Garamendi está asustada por una situación en la que, si todo está en regla, no debería suponer ningún problema. La necesaria informatización de un sistema anticuado de revisión necesita la transparencia y el buen hacer de los empresarios para funcionar, solo deberían estar preocupados quienes están gestionando mal.

Una automatización para evitar el fraude

Yolanda Díaz decidió dar un vuelco a la actividad de la Inspección para activar la denominada «actuación administrativa automatizada», que permite iniciar procedimientos sancionadores a las empresas que cometan fraude a la Seguridad Social sin intervención de los funcionarios en el proceso. Una automatización para detectar posibles incumplimientos por parte de las compañías mediante el análisis masivo de datos y con capacidad para extender las actas pertinentes sin que un funcionario tenga que ocuparse.

Las modificaciones normativas se aprobaron en Consejo de Ministros el pasado mes de enero y, desde entonces, han suscitado no pocas dudas en la CEOE. Sin embargo, la Inspección lleva años funcionando con herramientas de big data para detectar irregularidades en las empresas y advirtiendo a través de cartas informativas, sin necesidad de visitar los centros de trabajo. La diferencia ahora es que los propios algoritmos pueden proponer las sanciones a las compañías, una competencia que hasta ahora era exclusiva de los inspectores y subinspectores. Se trata de un procedimiento similar a las multas de tráfico de los radares.

Desde el Ministerio de Trabajo defienden que la medida va dirigida a la «optimización de recursos humanos y técnicos» y que en ningún caso pretende sustituir a los funcionarios por robots. Aseguran que va acompañada de un plan para incorporar efectivos a la Inspección y que los cambios en el proceso sancionador para hacerlo automático se producirán «sin reducción de las garantías jurídicas de los ciudadanos» y «sin perjuicio de la posterior intervención en fase de instrucción de personal con funciones inspectoras».