Se Puede Villarrobledo presenta un recurso de reposición sobre el Pliego para la Privatización de la Campa de Camiones municipal.

La semana pasada, Se Puede Villarrobledo, registraba en el 
Ayuntamiento un recurso de reposición sobre el Pliego para la 
privatización de la Campa Municipal de Camiones que se aprobó en 
Junta de Gobierno con los votos a favor del PP, PSOE Y Cs.

24/02/20

Rubén Nieves, coportavoz del Grupo Municipal Se Puede 
Villarrobledo, registró la semana pasada un recurso de reposición 
contra la privatización de la campa de camiones de Villarrobledo, 
unas instalaciones han costado 460.000 euros a las ciudadanas y 
ciudadanos de Villarrobledo. 

Desde el momento en el que se aprobó el pliego el pasado 22 
de enero en Junta de Gobierno Local con los votos a favor del PP, 
PSOE y Cs, ya advirtieron que el contrato tenía carencias legales 
como la falta de un informe de intervención, el cual es obligatorio 
por ley, y que carecía también de la justificación para que el 
contrato tenga una duración de 35 años, así como de las tasas y la 
ordenanza previa para regular su uso. 

En estas semanas han recabado información, detectando otros 
fallos legales en el contrato de privatización que les ha llevado 
a interponer este recurso con más razón, para intentar paralizar el 
proceso. Entre estas carencias legales apuntan que, al tratarse de 
una privatización de un servicio público, el contrato no puede 
aprobarse en Junta de Gobierno Local, sino que el órgano competente 
para ello es el Pleno del Ayuntamiento.

Del mismo modo, en el pliego de condiciones no existe una 
tabla de precios que la empresa deba cumplir para la utilización 
del servicio, y tampoco existe una Ordenanza Municipal que así los 
estipule, lo cual hará que sea la propia empresa quien decida los 
precios, perjudicando a los pequeños empresarios o autónomos.

En dicho pliego, se da la posibilidad de realizar obras para 
mejorar los servicios de las instalaciones, pero no existe ningún 
proyecto que asegure que esas obras puedan realizarse por lo que 
la empresa podría reclamar y pedir indemnizaciones al
Ayuntamiento. 

El contrato se adjudicaría por 35 años, cuando los contratos 
de servicios públicos tienen un máximo estipulado por ley de 5 
años, sobre todo cuando no se exige ninguna inversión a la empresa 
que deba amortizar. 

Por ello, desde SPV no van a permitir que se regale dinero y 
patrimonio público, y que van a luchar hasta la el final para 
detener la privatización de cualquier servicio público.