Irene Montero prepara el cierre de los prostíbulos y se propone “acabar con la impunidad de la industria proxeneta”

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La ministra de Igualdad del Gobierno de coalición, Irene Montero, ha anunciado el cierre de los prostíbulos y, en colaboración con el Ministerio de Justicia, se propone “acabar con la impunidad de la industria proxeneta”, según ha avanzado en la sesión de control al Ejecutivo celebrada este miércoles en el Congreso. En su intervención, Montero ha asegurado que el Ministerio de Igualdad está “centrado” en “acabar con la impunidad de la industria proxeneta”, algo que “no se ha hecho nunca” en España y en lo que el Gobierno de coalición “está dispuesto a llegar más lejos que nunca”. En este sentido, ha anunciado que la futura Ley Orgánica de Libertades Sexuales acabará con la impunidad de la tercería locativa –el alquiler de locales para el desarrollo de la prostitución–, es decir “de los dueños de los prostíbulos”, y penará “el proxenetismo en todas sus formas”, es decir incluido “el no coactivo”, todo ello “para acabar con la impunidad de los proxenetas, que ahora mismo la propia Fiscalía General del Estado dice que reciben y se llevan 5 millones de euros al día, la mayoría de ellos en dinero negro, precisamente a costa de la explotación sexual de las mujeres, por tanto de la violencia machista”. Con la reforma anunciada, volverá a estar penalizada la tercería locativa, que fue despenalizada en 1995, bajo el Gobierno del PSOE de Felipe González.

Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por LUH han asegurado que “se trata de un paso hacia la abolición de la explotación sexual y la trata de personas” y han destacado la importancia del otro anuncio que Montero ha hecho este miércoles, el de “un plan integral” para “garantizar los derechos de todas las mujeres”, incluidas las víctimas de explotación sexual y trata: “Creo que no vamos a acabar con la prostitución y con la explotación sexual si no somos capaces de garantizar alternativas económicas, laborales y habitacionales para esas mujeres, por tanto, es necesario un plan integral, trabajamos con Empleo en un plan de empleo específico para esas mujeres”, ha avanzado la ministra.

Las mismas fuentes han destacado que la Fiscalía General del Estado ya había manifestado “la necesidad de una reforma que permita la perseguir de forma eficaz la explotación de la prostitución, así como a quienes se benefician de ella”, y en esa necesidad han enmarcado la modificación del Código Penal que Igualdad y Justicia abordan “de forma coordinada”. No obstante, “la respuesta penal deberá ir acompañada de un plan nacional integral –social, laboral y económico– que garantice alternativas viables y de reparación de los derechos vulnerados para las mujeres víctimas de trata y explotación sexual”, han destacado. Los “primeros pasos” en este sentido fueron dados por el Plan de Contingencia que el ministerio de Irene Montero aprobó al principio del estado de alarma por la pandemia de COVID-19, aprobándose “por primera vez” en España “la cobertura y protección de derechos habitacionales y económicos”, –en referencia al IMV (ingreso mínimo vital)–, “para mujeres víctimas de explotación sexual y víctimas de trata con fines de explotación sexual”.

Fuente obtenida de laultimahora.es.