¿Qué debe pasar en Galapagar para que la Fiscalía entienda que es algo más que “molesto”?

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La Fiscalía de Madrid acaba de hacer público que las protestas frente al domicilio del vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad, desde hace más de tres meses, no constituyen ninguna alteración cotidiana de su vida familiar, a pesar de que Iglesias y Montero se vieron obligados a interrumpir recientemente sus vacaciones en Asturias por incidencias del mismo tipo, siendo este el primer caso que se registra por estas circunstancias en la historia reciente de nuestro país. La tal Fiscalía se ha opuesto por eso al recurso presentado por la ministra contra el archivo de la querella presentada contra una concejala de Vox de Galapagar por delito de coacciones y acoso.

Los hechos descritos en la querella de Montero no encajan, a juicio de esa Fiscalía, en los tipos penales incluidos en el escrito acusatorio contra la citada concejal, a la que tampoco se puede atribuir «ningún signo de violencia sobre las personas, ni de fuerzas en las cosas, no constando ninguna perturbación del orden o acto atentatorio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que custodian el domicilio».

Añade la resolución aludida que las expresiones que les dirigen los concentrados a los propietarios de ese domicilio «pueden resultar incómodas» y las caceroladas «molestas», pero en los vídeos «no se llega a escuchar ninguna frase de carácter intimidatorio, algo que para el común de los mortales no se entiende, a juzgar por los vídeos que han circulado por las redes sociales y los ataques verbales que escuchamos contra el diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, cuando visitó a sus compañeros.

Como es sabido, Montero e Iglesias presentaron este pasado lunes sendas denuncias en la Comisaría del Congreso por tuits amenazantes –«vuestros hijos son carne de colleja en la escuela», «los van a inflar a hostias»– y por el lanzamiento de objetos a su residencia. Puede que la Fiscalía de Madrid interprete esto también como no intimidatorio, cuando se está amenazando la integridad de tres menores y se agrede el domicilio familiar, pero muchos tenemos claro que ni los cuatro meses de acoso o asedio ni esto último se consentiría ante la residencia de cualquier otro representante del Gobierno de la nación o del estamento judicial.

Ante el domicilio de la familia Iglesias Montero se están realizando acciones nunca permitidas en nuestro vigente periodo democrático contra dos representantes del Gobierno, que podrían derivar en otras más graves cuyas consecuencias se impedirían si lo que hasta ahora viene ocurriendo se evita. ¿Qué vendrá después del lanzamiento de objetos a una propiedad privada en presencia de las fuerzas de orden público? ¿Se permitirá también que luego de las amenazas a los hijos menores de la pareja, los niños acudan al colegio con sus padres entre insultos y acosos de similar estilo? ¿Tampoco habrá entonces Fiscalía que los considere intimidatorios o perturbadores de la vida cotidiana de la familia? ¿Qué debe ocurrir para que así se estimen y eviten?

Fuente obtenida de laultimahora.es