La patronal y el PP en pie de guerra contra la Ministra de Trabajo por enviar a los inspectores a vigilar los abusos en el campo

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Las patronales del campo y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (del PP), han declarado la guerra a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social. ASAJA exige su “destitución fulminante”, COAG se pregunta si Díaz “está loca” y Moreno le ha exigido que “trate bien” al sector. Y todo porque su ministerio ha pedido a la Inspección de Trabajo que vigile y denuncie los incumplimientos en las explotaciones agrarias.

El texto remitido por el ministerio a los inspectores de trabajo pide “garantizar el derecho a los trabajadores” y “salvaguardar” su dignidad ante los posibles abusos y agresiones. La nota contempla la participación de la Guardia Civil y las Policías autonómicas y locales en las inspecciones, e incluye un cuestionario sobre las jornadas, el salario y los equipos de protección contra el coronavirus, entre otras cuestiones.

Trabajo también pide vigilar situaciones más graves. Por ejemplo, casos de malos tratos, de reclusión forzada de los trabajadores en las explotaciones o de hacinamiento en las viviendas proporcionadas por los empresarios. No en vano, en España hay miles de trabajadores –en su mayoría migrantes– que sobreviven en condiciones infrahumanas en las explotaciones agrarias: sin agua, sin luz, apelotonados en chabolas, sin contrato, con salarios irrisorios y en condiciones de semiesclavitud.

Una situación insostenible

“Viven como animales”, dijo el pasado febrero Philip Alston, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, tras visitar a recolectores de fresa en Huelva. Alston se manifestó “pasmado” tras comprobar que los trabajadores de “grandes empresas que ganan millones de euros” subsisten, en ocasiones, “con peores condiciones que las de un campo de refugiados”. Cáritas alabó su “valentía” y aplaudió el informe, que situó el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos como “la gran esperanza” para “la justicia social” en España.

Incluso Eduardo López, secretario de COAG, ha admitido que puede haber “casos aislados” de maltrato a trabajadores. Pero un simple vistazo a la hemeroteca parece indicar que esos “casos aislados” son más frecuentes de lo que quieren admitir los empresarios. En octubre de 2019, por ejemplo, cayó una red que había explotado a más de 600 personas en el campo andaluz y extremeño. Los trabajadores procedían de Rumanía y Moldavia, y cobraban entre 150 y 200 euros al mes.

A miles de kilómetros de sus hogares y sus familias, los trabajadores subsistían en condiciones de semiesclavitud, según relató la Guardia Civil. Mientras tanto, los 16 detenidos se embolsaban más de un millón de euros al mes. No es un caso aislado: a comienzos de año, el sindicato LAB denunció que la empresa navarra Huerta de Peralta mantenía a sus empleados en condiciones de explotación laboral y semiesclavitud, y que había despedido a varios trabajadores para vengarse de las protestas en las que pedían una mejora de sus condiciones.

Años de explotación en el campo

A juicio de los sindicatos UGT y CC. OO., los abusos en el campo no son anecdóticos, sino todo lo contrario. En 2017, denunciaron que el 90% de los trabajadores del campo murciano eran sometidos a condiciones semiesclavistas, con jornadas de hasta 15 horas y cláusulas abusivas, como cobros desproporcionados por ser trasladados por los propios empresarios hasta el lugar de trabajo. Dos años atrás, la Guardia Civil condujo otra gran operación que destapó una red que operaba en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, donde los empresarios hacinaban a sus trabajadores en infraviviendas y les llegaban a controlar incluso sus cartillas bancarias.

Bajos salarios, situaciones administrativas irregulares, infravivienda, hacinamiento y larguísimas jornadas. Son los ingredientes del cóctel de la explotación que, durante años y años, han soportado miles de trabajadores, muchos de ellos venidos de otros países.

El primer intento del Gobierno de coalición de hacer cumplir la ley, también en el campo, se salda, por ahora, con la revuelta de las grandes patronales del sector y del PP andaluz. Mientras tanto, miles de temporeros que ya han llegado para las cosechas de mayo y junio esperan que sus condiciones laborales mejoren, ahora que la crisis del coronavirus ha recrudecido su situación y ha obligado, incluso, a que ONG y otras entidades sociales les repartan alimentos para poder subsistir.

Fuente obtenida de laultimahora.es.es