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La formación que lidera Yolanda Díaz plantea en la iniciativa que la experiencia del gravamen por estancias turísticas ya se ha aplicado en otros países y en España en comunidades como Baleares, y es una medida que debe extenderse en el territorio nacional.
“La introducción de tasas sobre estancias turísticas no es ya una opción, sino una necesidad”, señala la proposición a la que ha tenido acceso Servimedia, que reclama la aprobación de “un tributo directo de carácter finalista para favorecer el turismo sostenible”, que tenga como sujeto pasivo “todas las personas físicas que lleven a cabo una estancia en los establecimientos turísticos de alojamiento hotelero, apartamentos turísticos, alojamientos de turismo rural, albergues y refugios, hospederías, hostales, viviendas turísticas de vacaciones y un largo etcétera que abarca toda la normativa autonómica que tenga la calificación de turística”.
Según los socios del PSOE en el Gobierno, la necesidad de que las instituciones públicas puedan prestar servicios, a partir de los beneficios generados por el turismo para poder realizar las necesarias inversiones que mejoren la calidad de los servicios públicos, es un ejercicio de mera coherencia y redistribución de la riqueza.
“Se debe compensar el coste medioambiental que supone el gran volumen de recepción de turistas, el coste de mantenimiento de los servicios públicos, así como la puesta al día de nuevas infraestructuras”, señala la propuesta parlamentaria. “Una tasa que compense a la sociedad por el coste medioambiental que supone el ejercicio de determinadas actividades que distorsionan o deterioran el medio ambiente en el territorio contribuye inexcusablemente a mejorar las condiciones de vida de los territorios y por ende, de la sociedad española”.
Sumar sostiene que “la ecotasa puede ayudar a paliar uno de los principales problemas que genera el turismo de masas, el impacto sobre el territorio, lo que a la postre puede redundar en la adaptación del modelo turístico que permita generar unas condiciones de empleo diferentes y no introducir incentivos para que persista el alza de precios de las viviendas en las zonas turísticas”.
El texto registrado en la Cámara aboga además por “establecer límites razonables de techo para cada destino turístico, a través de los estudios de presión turísticos elaborados, constituyendo un panel de personas expertas en administración pública de las diferentes comunidades o ciudades autónomas”.
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