Sánchez se olvida de limpiar la corrupción de las intituciones

El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez ganó la mayoría del Congreso de los Diputados en una moción de censura para convertirse en presidente del gobierno. La necesaria lucha contra la corrupción se convirtió en uno de los pilares para la construcción de coaliciones de Sánchez, lo que condujo al cambio político. La moción era un compromiso para dignificar la democracia española y limpiar las instituciones corruptas.

Desde entonces, la lucha contra la corrupción ha ocupado un lugar destacado en las propuestas programáticas del PSOE y de su socio de gobierno, Unidas Podemos. El asunto, por tanto, predomina en el acuerdo conjunto de apertura de la Cámara Legislativa.

La realidad es otra
 
Con tres cuartas partes del mandato de la coalición ya agotado, la parte de «regeneración democrática y transparencia» del acuerdo de gobierno PSOE-UP es quizás la menos desarrollada. Y no queda mucho espacio. No hay ni un plan anticorrupción ni una ley integral anticorrupción. El ambicioso plan de medidas anticorrupción acordado por los socialistas y el Partido Morado consiste en una serie de iniciativas que se han quedado apartadas a un lado durante la legislatura.

Desde la realización de “un Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma del Código Penal” para luchar contra la prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometan a través de partidos políticos; a la ambiciosa «ley integral contra la corrupción» para regular la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional, todo se ha quedado en agua de borrajas. Al menos por el momento.

También está pendiente la regulación de los grupos de presión, los lobbies, otra propuesta incluida en el acuerdo de coalición,  “para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas”. El Gobierno proponía que se regule por primera vez la actividad de los lobbies en su relación con la Administración General del Estado y su sector público.

También prometió el Gobierno regular “de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, y endureceremos las sanciones por su incumplimiento” y una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y de su reglamento sobre la base de la experiencia acumulada. Sin noticias de ninguna de las dos.

Fuente :Javier F. Ferrero para contra información.es

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