La avergonzante justicia española sobre las pruebas en el inicio de la acusación a Iglesias: «Veraz, contrastada en fuentes policiales, alejada de una mera invención» e incluso «de interés general».

La campaña de informaciones falsas contra Podemos que orquestaron las cloacas del Estado no solo buscó el descrédito de la formación de izquierdas, sino que también derivó en una condena monetaria contra Pablo Iglesias El entonces líder del partido morado fue obligado a pagar cerca de 30.000 euros en concepto de costas judiciales.

 
En mayo de 2018, La Audiencia Provincial de Madrid desestimó la demanda que había formulado Iglesias contra’ OkDiario’ por la publicación de una información falsa, tal como indica Público, que atribuía un supuesto pago del Gobierno de Venezuela en el paraíso fiscal de las Granadinas.

El Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid archivó la denuncia presentada por Iglesias e incluso llegó a señalar que aquella información, completamente falsa, era «veraz, contrastada en fuentes policiales, alejada de una mera invención» e incluso «de interés general».

La magistrada a cargo de este caso condenó al cofundador de Podemos al pago de las costas del procedimiento judicial. Ante esa situación, los representantes legales de Iglesias presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde tampoco encontraron justicia: la Sección Octava de la Audiencia dictaminó que los autores del bulo habían actuado «de forma escrupulosa en el ejercicio del derecho a la libertad de información y de expresión».

El tribunal volvió entonces a condenar a Iglesias al pago de las costas judiciales. Según se jactaba ‘OkDiario’, aquella resolución de los tribunales suponía el pago de «alrededor de 30.000 euros» en concepto de honorarios del abogado y procurador de Dos Mil Palabras SA, la empresa editora de dicho periódico digital.