La sanidad pública se desangra y nadie hace nada para parar la hemorragia

Tras dos años de pandemia que dejaron un sistema sanitario aún más precario y desbordado, la inversión que las diferentes administraciones destinan en este sector sigue estando en el último vagón de la fila en el Estado Español. 

Amnistía Internacional hizo público este miércoles un análisis mostrando datos de inversión en sanidad de distintas comunidades. Aunque el presupuesto general se ha incrementado en un 4,5% respecto a un año antes, hasta en cuatro comunidades la subida no alcanza ni siquiera el 1%, otra prácticamente mantiene el mismo gasto e incluso dos han decidido dedicar este año menos recursos a la sanidad.

La escalada del presupuesto global supone menos de la mitad de lo que creció el gasto sanitario en 2020, el año en el que la sanidad tuvo que hacer un insólito esfuerzo para atajar los efectos del virus. Nunca los hospitales y centros de salud habían tenido que afrontar una situación semejante y lo hicieron tras una “década perdida” plagada de recortes, pero ahora, dos años después, la sanidad pública sigue al límite.

No todas las comunidades han reaccionado de la misma forma y se dan grandes diferencias territoriales: la subida ha sido apenas perceptible, por debajo del 1%, en Baleares, Murcia, Navarra y Galicia, mientras que Aragón y Castilla-La Mancha contemplan en sus presupuestos un gasto en sanidad menor que en 2021 y acumulan un descenso del 4,9% y el 1,2% respectivamente.

En el otro lado de la tabla están Catalunya y Madrid, las dos comunidades que más incrementaron este 2022 su inversión con cifras cercanas al 10%: 9,9% y 8,36% de subida respectivamente; estas dos comunidades son también quienes han destinado más parte del presupuesto específicamente a personal sanitario.

Sin embargo, es un aumento insuficiente que no se ve aplicado en las condiciones de las y los trabajadores: en Catalunya y Madrid los médicos han mantenido una huelga por la alta temporalidad de las plantillas, que alcanza el 52% en los hospitales y el 35% en la Atención Primaria con miles de profesionales que encadenan contratos precarios o directamente despedidos tras los picos de contagios. 

La Atención Primaria sigue siendo la gran damnificada de la crisis. Pese a que desde las instituciones se les llenaba la boca alabando la importancia de esta rama durante el estallido de la pandemia, los fondos invertidos en esta están lejos de ser medianamente suficientes para sacar al sector de la precariedad.

La inversión de este año apenas tiene impacto en términos de recuperación de la inversión en el nivel asistencial más marginado del sistema. De hecho, su peso en el gasto sanitario total no alcanza el 15%, lejos del horizonte presupuestario del 25% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es necesario exigir un control y gestión del sistema público de salud por parte de los trabajadores y usuarios, garantizando unas condiciones de trabajo dignas para el personal sanitario y el acceso universal a este servicio para toda la población.

Una inversión adecuada en sanidad no pasa por recortar de otros servicios sociales o hacer recaer el peso en los bolsillos de la clase trabajadora, sino sufragar como impuestos a las grandes fortunas y beneficios empresariales como a las grandes compañías de seguros y farmacéuticas que se beneficiaron con las ganancias durante la pandemia.