Una investigación por el espionaje a políticos con Pegasus

Así lo comunicó este domingo la institución que dirige el socialista Ángel Gabilondo tras las informaciones conocidas en la última semana, según la cual más de medio centenar de políticos habrían sido espionados desde instituciones del Estado con este software, entre ellos los últimos presidentes de la Generalitat de Cataluña y otros cargos independentistas.

El Defensor del Pueblo admitió que "está analizando las informaciones sobre una eventual utilización inadecuada de las herramientas de software Pegasus que hayan podido poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, en particular los relacionados con el derecho a la privacidad".

Esta decisión está sustentada "de conformidad con lo previsto en su Ley Orgánica" con el fin de "recabar los datos precisos para abrir una actuación de oficio a fin de contribuir al buen funcionamiento institucional y velar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución".

Desde el Defensor del Pueblo recordaron que esta institución "no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad" de acuerdo a las competencias que le otorga la ley, dado que depende directamente de la soberanía nacional al ser elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado con una mayoría de tres quintos y para un mandato de cinco años.

De este modo, se apartaron de cualquier posible directriz sugerida desde el Gobierno de Pedro Sánchez porque Gabilondo "desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio" y "goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo".

No obstante, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aprovechó esta decisión para comentársela a la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, durante la reunión que ambos mantuvieron esta mañana en Barcelona para tratar de rebajar la tensión entre ambas instituciones tras las grandes diferencias surgidas en la última semana a cuenta del supuesto espionaje, que incluso han llevado al presidente, Pere Aragonés, a amenazar con retirar su apoyo parlamentario en el Congreso a Pedro Sánchez.