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La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, aseguró este viernes que “si la mayor parte de la producción eléctrica del país correspondiera a una empresa de titularidad pública estaríamos en condiciones mucho mejores que ahora”.
En declaraciones a Radiocable, recogidas por Servimedia, la ministra de Transición Ecológica dijo que es “obvio” que ese escenario de dominio de una eléctrica pública ayudaría ahora a sujetar los precios de la luz, “pero el problema es que deberíamos estar manejando cifras de un 60% de producción” en manos de esa empresa de titularidad estatal, “y no podemos expropiar empresas y además sería dudoso que fuera el mejor ejercicio”.
A su juicio, es difícil “volver al modelo francés” en el que el Gobierno impone un precio máximo de venta a las eléctricas, “porque éstas recurrirían y perderíamos”.
La creación de una empresa eléctrica pública es una de las principales peticiones que ha hecho Unidas Podemos a sus socios de Gobierno esta legislatura para contener la escalada de precios de la luz.
Sobre la defensa que se hace desde algunos sectores de relanzar la construcción de centrales nucleares para hacer frente a los recortes actuales de suministro de gas, consideró que “este debate ha resurgido de manera oportunista”.
“Tiene poco sentido la apuesta por la energía nuclear”, dijo. “Los tiempos de construcción de centrales, de 17 a 22 años, nos muestran hasta qué punto no es una solución para un problema como éste”, que requiere de respuestas más inmediatas que el Gobierno ya promueve dentro de los planes de descarbonización.
En relación con el viraje del Gobierno en las relaciones con Marruecos y en la posición sobre el conflicto del Sáhara occidental, afirmó que la postura del Ejecutivo es “clara”: “nuestra obligación es tener la mejor relación posible con nuestros vecinos”.
En cuanto a la influencia de este giro en la relación con Rabat sobre el precio del gas que España compra Argelia, reiteró que el establecimiento de ese precio es fruto de relaciones “estrictamente comerciales” entre compañías de los dos países, y lo que sí dice el Gobierno es que su homólogo argelino es un socio fiable que cumple sus compromisos.
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